El 20 de septiembre de 2021, un juez envió dos denuncias, una dirigida al ministro de Justicia, Iván Lima, y la otra al fiscal departamental de La Paz, William Alave, en la que alertó de los actos ilegales que cometió el juez primero Cautelar de El Alto, Marco Antonio Amaru, al beneficiar a un sentenciado por tentativa de feminicidio. No hubo respuesta de las autoridades.
“Denuncia actos ilegales del juez Marco Amaru Flores (…) autoridad constituida en tribunal de garantías”, señala la referencia de las dos notas que tienen sellos de recibido.
Ambas notas están firmadas por el presidente del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero, José Luis Quiroga.
Este juez advirtió que Amaru cometió una serie de delitos al “ordenarle” dar detención domiciliaria a Manuel Loza Quispe, un sentenciado por tentativa de feminicidio, acusado de rosear con combustible y prender fuego a su víctima.
“Nunca respondieron a esas denuncias, hecha por un juez, imagine si la hacíamos nosotros como víctimas, tal vez ni nos recibían las cartas. ¿Por qué se encubre así a los jueces delincuentes? La única explicación que teníamos era que le pagaban a Amaru, pero recién entendimos de dónde tenía tanto poder, vimos las fotos de este señor en la campaña del presidente Luis Arce, con Evo Morales (expresidente) y el procurador (Wilfredo) Chávez. Todo es político”, lamentó una de las víctimas de los fallos judiciales de Amaru.
Los afectados encontraron las copias de las denuncias del juez Quiroga en los documentos de respaldo para una denuncia hecha por otra persona en contra de Amaru y concluyeron que éste tenía “un modus operandi igual al del (ex)juez Rafael Alcón, que liberaba a delincuentes con base en certificados médicos falsos”, lamentó la misma persona, que pidió no revelar su nombre.
Página Siete consultó en juzgados por el juez Quiroga, pero se informó que no daría declaraciones sobre el tema. De la misma forma, preguntó por la versión del fiscal Alave sobre cuál fue la acción que asumió ante la denuncia contra Amaru, pero no hubo respuesta hasta el cierre de edición de esta nota.
En cambio, desde el Ministerio de Justicia se contestó: “Tal y como establecen los artículos 193 y 9 de la Constitución Política del Estado y de la Ley 025 del Órgano Judicial, el Consejo de la Magistratura es la institución con atribución legal para conocer las denuncias contra jueces (…) Si se trata de supuestos delitos, la instancia con atribuciones para ese efecto es el Ministerio Público”.
El caso
Manuel Loza Quispe fue sentenciado a 20 años de prisión en junio de 2019. La condena fue ratificada por una sala penal y luego pasó a etapa de casación. Mientras ese último recurso se tramitaba, el 11 de julio de 2021, Loza presentó un pedido de cesación a la detención preventiva, que fue rechazada por los tres jueces que componían el tribunal anticorrupción, presidido por Quiroga y colaborado por Iván Perales y Patricia Aguilar.
Ese mismo mes, Amaru fue designado como juez cautelar en El Alto y “de manera sospechosa e ilegal”, según las víctimas, el 18 de septiembre de ese año convocó a una audiencia de acción de libertad sólo a Quiroga, al que en una audiencia realizada fuera de horario le “ordenó” beneficiar a Loza con la salida del penal.
En enero de este año, se reveló que consorcios de jueces y abogados estaban involucrados en la liberación de delincuentes sentenciados. Fue el caso de Richard Choque, el asesino y violador serial que desde 2019 había logrado su libertad gracias al juez Rafael Alcón, y en ese tiempo violó a 77 víctimas y le quitó la vida a dos jóvenes.
Fue a raíz de esos casos que se procedieron con la revisión de casos y se conoció en estos días que el juez Amaru también había beneficiado a un imputado por feminicidio, Eliot Mamani Gonzales.
//FUENTE: PÁGINA SIETE//
