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ANDRÉS GÓMEZ
Allá por el 1058 d.C., los musulmanes practicaban la “mashwara” (o “mashura”), costumbre por la cuál todas las leyes formuladas en la tierra por los gobernantes no tenían legitimidad a menos que fuesen de antemano discutidas y negociadas abiertamente en público y en presencia de consejeros de muy diversa índole (Keane, 2018)[1]. Esta institución es una de las mejores herencias del Islam a la democracia.
No es un invento que nace de una noche a la mañana. Es una construcción que comienza 3.000 años antes de Cristo en Mesopotamia. Grecia bebe de estas aguas políticas. Es importante recordarlo ahora que en el Estado Plurinacional el masismo pretende hacer creer que un grupo ilegal (exmagistrados autoprorrogados) puede inutilizar a la Asamblea Legislativa.
La “mashwara” es la fuente de origen del Parlamento que nace por aquella misma época. Lo inventó sin proponérselo Alfonso IX, monarca de León, España. Convencido de su misión de una guerra sin fin en contra de los musulmanes infieles, el joven rey convocó entre abril y marzo de 1180 a los tres estamentos de su reino: los obispos, los nobles y los ciudadanos. Éstos tenían intereses contrapuestos, pero un elemento aglutinador: un enemigo común.
¿Quiénes eran esos ciudadanos de los burgos que asistieron a esa convocatoria? Según los documentos de la época, eran los “buenos hombres” que habían sido elegidos por sus iguales previamente por su reputación y liderazgo como oficiales para los consejos llamados fueros. Alfonso IX llamó “Cortes” a esta reunión de representantes.
Obispos, nobles y ciudadanos se encontraron llamados por la defensa de las comunidades cristianas de las invasiones musulmanas. Para lograr la defensa, había que asumir consensos previos. Y así fue. Por ejemplo, acordaron que las propiedades y el derecho de residencia de los habitantes serían inviolables, que los procedimientos judiciales y las leyes por ellos aprobados serían respetados, y que el reino se regiría, en la medida de los posible, por las leyes generales heredadas de otros tiempos.
También concertaron que se celebrarían cortes regulares entre el rey y los tres estamentos. Inspirados en esta experiencia, otros reinos de España y Europa expandieron los parlamentos 100 años antes de la Carta Magna de 1215 de Juan de Inglaterra.
¿Por qué es importante recordar estos episodios de la historia universal? Porque trae consigo una nueva forma de gobierno que contempla el acto de hablar como método de concertación. Los sistemas totalitarios no creen en la comunicación como proceso de consenso, sino en la propaganda como instrumento de acumulación de poder, imposición de pensamiento único y sucesiva reproducción en el poder. En cambio, la democracia promueve la distribución del poder.
La distribución del poder obliga a la sociedad a consensos. Los consensos se traducen en leyes que son normas de conducta que limitan el poder. Por eso, Jean-Jacques Rousseau escribió que la ley es la expresión de la voluntad general, no de intereses particulares de individuos o grupos. Así nace el contrato social que sostiene un cuerpo político. En consecuencia, en democracia gobierna la ley, no el rey.
¿Quiénes formulan la ley? Los representantes elegidos en las urnas por los ciudadanos. En el caso boliviano, diputados y senadores. Por ello, la soberanía reside en el Pueblo. “El pueblo en el cual reside el poder soberano debe tener el manejo de todo lo que está a su alcance. Aquello que exceda sus habilidades debe quedar a cargo de sus ministros (parlamentarios)”, escribió Montesquieu.
Los parlamentarios gozan de autoridad merced a una elección y constituyen el poder público. Tienen una misión: vigilar al Ejecutivo y hacer que rinda cuentas ante la sociedad. Aunque algunos de los nuestros no cumplen a cabalidad su misión, pero la democracia no sería tal sin Parlamento.
En el Estado Plurinacional, el pueblo elige también a los magistrados, pero para una función diferente: aplicar las leyes, no hacer leyes. En ellos no reside la soberanía del pueblo. Por ello, es antidemocrático que un grupo de exmagistrados hayan decidido autoprorrogarse en sus mandatos interpretando dizque las necesidades de la gente.
Para quedarse en la pega, los autoprorrogados del Tribunal Constitucional anularon de facto el artículo 183.II de la Constitución que dice: “los magistrados cesarán en sus funciones por cumplimiento de mandato”. Los autoprorrogados cumplieron su mandato de seis años el 31 de diciembre de 2023. Desde el 01 de enero son ilegales.
El pasado jueves, parlamentarios evistas, de Creemos y de Comunidad Ciudadana coincidieron en intereses y organizaron una sesión para hacer cumplir la Constitución y echar a los autoprorrogados. Es loable esta acción, aunque los masistas evistas carecen de espíritu democrático y actuaron por odio contra sus “hermanos” arcistas.
Más allá de esta circunstancia, la sesión de la Asamblea del pasado jueves demuestra que la base de la democracia es el consenso. Justo por eso, no hay que temer que el Congreso de 2025 tenga representantes de diferentes partidos. Hay que trabajar para cambiar la cultura política y recordar que la democracia pactada logró avances loables. Sin esos avances, jamás los indígenas habrían asumido el mando del país.
Hay que valorar los pactos democráticos, más si son entre sectores tan disímiles como los obispos, los nobles y los ciudadanos del reino de Alfonso IX. Aquellos tenían un enemigo en común muy fuerte. Nosotros, tenemos otro al frente: la pobreza. Si no concertamos, nunca saldremos de ese pozo. El consenso comienza con el respeto a las reglas de juego.
[1] Keane, J. (2018). Vida y muerte de la democracia. Fondo de Cultura Económica.
