El grupo de dirigentes que hace tres años secuestró a periodistas, policías y obreros en Las Londras presentó como descargo, en el juicio que se desarrolla en su contra, el documento que ellos mismos hicieron firmar a sus víctimas bajo amenazas. Son procesados por líderar un grupo armado y por avasallar un predio fiscal.
El documento, que establecía el “compromiso” de que las víctimas no iban a volver a ese lugar se puso en conocimiento del tribunal de sentencia de Concepción, conformado por los jueces Ramón Quiroga Yabeta, Elvio Cuéllar y Rosa Copa Torrez que conoce la causa y que tiene la misión de llevar adelante el juicio oral contra quienes protagonizaron el ataque a Las Londras, en octubre de 2021.
La documentación de los procesados es una respuesta a la acusación formal para juicio oral que presentó la Fiscalía contra los investigados integrantes de los Interculturales identificados como Ever Sixto Canaza, Paulino Camacho Vedia, Nelson Revadeneira Escalante, Martín Tejerina Villalobos Villalobos, Nicolás Ramírez Taboada y otros por lesiones graves y leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia porte o portación ilícita de arma de fuego, homicidio en grado de tentativa y amenazas.
Se trata de dos actas registradas en la notaría de San Julián y que no habían sido conocidas públicamente. El primer documento es del 22 de octubre de 2021, cuando el grupo armado, según las investigaciones de la Fuerza especial de Lucha Contra el crimen y la Fiscalía, irrumpió en Las Londras, secuestraron a todos los trabajadores civiles, los sometieron a golpes y despojaron del lugar. El 27 de octubre los avasalladores de nuevo se enfrentan contra los trabajadores y cuatro sufrieron heridas de bala. El 28 de octubre llega un contingente de la Policía al mando el coronel Rolando Torrico, junto con siete periodistas, así como obreros.
Las investigaciones de la Felcc y la Fiscalía señalan que, cuando esa comisión llegó el 28 de octubre, fueron recibidos con violencia, pues desde el monte salieron sujetos encapuchados y apuntando con armas de fuego. Redujeron a todos al piso, los mantuvieron cautivos durante siete horas.
Los avasalladores redactaron un acta en su libro y obligaron a los periodistas, a policías y civiles a firmar que nunca más volverían a ese lugar y además tenían que publicar en sus medios lo que ellos querían. Tras la firma del acta los periodistas, policías y obreros fueron liberados después de ser sometidos a golpes físicos, de ser pisoteados en el suelo, de hacerlos tomar aguas servidas y de disparar armas de fuego al aire en un acto de intimidación.
Pleno reconocimiento al delito
Para la defensa de las víctimas de los ultrajes, Raquel Guerrero y Roberto Méndez de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, la presentación de las actas es un reconocimiento pleno de los mismos acusados de que cometieron el delito, estuvieron en el lugar.
Raquel Guerrero, calificó como un tácito reconocimiento de los acusados por graves delitos penales cometidos contra periodistas, policías y trabajadores que sufrieron los peores abusos que no solo causaron lesiones y marcas físicas en sus cuerpos, sino daño sicológico, traumas y otros que no pueden ser borrados.
Fueron los acusados Paulino Camacho Vedia, Nelson Revadeneira Escalante quienes presentaron las actas a tiempo de ser notificados formalmente con la acusación fiscal para que vayan a someterse al juicio oral.
Según los actuados identificados como Ever Sixto Canaza y Paulino Camacho Vedia, fueron los únicos que permanecieron detenidos en la cárcel, pero después de dos meses la justicia les concedió libertad para que se defiendan. Los otros acusados Nelson Revadeneira Escalante, Martín Tejerina Villalobos Villalobos y Nicolás Ramírez Taboada fueron declarados rebeldes por el tribunal al no acudir a los llamados de la justicia y tampoco a notificarse para las actuaciones.
La defensa de los procesados impugnó la acusación y el tribunal elevó el caso a una sala penal del tribunal de Justicia en Santa Cruz para que se pronuncie.
- ///FUENTE: EL DEBER///
