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El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, no abrirá una investigación de oficio contra el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, por haber presentado públicamente a 24 personas detenidas durante el conflicto cocalero en La Paz y acusarlos de “delincuentes”; aunque la norma lo prohíbe.
“Nosotros no podemos anticipar ningún criterio sobre la apertura de ningún proceso contra ningún ciudadano, nosotros nos regimos a partir de alguna denuncia fehaciente o un informe policial los cuales pueden dar inicio a un proceso de investigación”, dijo Lanchipa a los medios de comunicación.
Agregó que se necesita una denuncia formal para iniciar cualquier investigación, sin tomar en cuenta que el ministro de Gobierno, pese a la prohibición legal, presentó a estas personas en una conferencia de prensa, además las acusó de “delincuentes” y “antisociales”, sin presumir de su inocencia.
En relación al tema, el abogado penalista Eusebio Vera contradijo las afirmaciones de Lanchipa, aseguró que el Ministerio Público está en todo su derecho y obligación de iniciar una investigación de oficio contra el ministro de Gobierno porque vulneró el Código de Procedimiento Penal.
El artículo 296 en su numeral 4 establece que la Policía debe cumplir los principios básicos de actuación, como no permitir que los detenidos sean presentados a ningún medio de comunicación social, sin su expreso consentimiento, el que se otorgará en presencia del defensor y se hará constar en las diligencias.
“Hemos visto que el Ministerio Público no actúa con el principio de oficiosidad en el caso de las 24 personas detenidas, entre ellos muchos cocaleros fueron expuestos y el derecho a la imagen esta consagrado en la Constitución Política del Estado eso no puede ser vulnerado por ninguna autoridad; y al ser exhibidos como delincuentes se violó el principio de inocencia porque ningún ciudadano puede ser presentado como autor de un delito a no ser que exista una sentencia ejecutoriada”, explicó el abogado.
El jurista le recordó a Lanchipa que el artículo 296 también establece sanciones de carácter penal o administrativa, entonces, la norma le obliga al Ministerio Público iniciar una investigación.
“Lo legal sería iniciar las investigaciones de oficio, pero estamos en un Estado donde se vulneran los derechos y garantías de los cuidadnos y no existe en el país una seguridad jurídica. El Órgano Ejecutivo hace y deshace de las instituciones”, sentenció.
//FUENTE: ANF//
