CARLOS ARMANDO CARDOZO
Afirmar con total soltura que cualquier nivel de Gobierno es incapaz de planificar de un modo infalible tal que su intervención resuelva parcial o totalmente una situación conflictiva que condiciona la calidad de vida de los ciudadanos, es una discusión zanjada irrefutable.
Tal lo demuestra el municipio de Sucre, un caso claro y conciso de que la política pública puede entorpecer la resolución de problemas tan vitales como el de acceso a una vivienda. Algo fundamental para la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano.
Si uno revisa publicaciones que se refieren al mercado inmobiliario en el municipio de Sucre, “Elevan precios de lotes en zonas del D-3 y D-5” y “Sucre: bajan los precios de los inmuebles pero escasean los compradores” en Correo del Sur de 21/04/2019 y 11/07/2021 respectivamente, queda identificado el origen de la distorsión de los precios tanto en lotes como inmuebles. En primera instancia, la inversión pública en macro proyectos, como una nueva terminal o un nuevo hospital de 3er nivel fuera del Casco Histórico generan expectativas que cambian las proyecciones de los propietarios en el largo plazo. Es decir, existe una valoración temporal donde el propietario justifica sus pretensiones presentes respecto al precio con el potencial comprador a través de lo que uno esta dispuesto a renunciar ahora por lo que el otro estaría ganando en el futuro una vez la plusvalía cumpla con las expectativas actuales.
Sin embargo, la inestabilidad política de la gestión pública de corto plazo que al final del día establece el rumbo que vaya a tener la inversión termina por sostener expectativas que distorsionan los precios actuales, escapando a la realidad del mercado efectivo que finalmente genera una situación de Necesidades Básicas Insatisfechas en el resto de zonas donde el servicio de agua, energía eléctrica, gas domiciliario, saneamiento básico, vialidad continúan sin atención.
Revisando el Plan Territorial de Desarrollo Integral 2016-2020 del Municipio de Sucre, este afirma en su diagnóstico, datos INE, que el 26% de la población del municipio de Sucre tiene Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). De 261.201 habitantes solo 102.411 tenían cubiertas sus Necesidades Básicas (39,21%), 81.616 habitantes se encontraban en el umbral entre población pobre y no pobre (31,25%). Eso deja un saldo de 67.621 habitantes que representan la pobreza del municipio (25,89%) entre Moderada, Indigentes y Marginales. Nuevamente el PTDI analiza esta situación señalando dos categorías como los aspectos más urgentes a desarrollar que son: la insuficiencia de espacios en la vivienda y la insuficiencia en el sector educativo que según datos del CENSO 2012 afectaban a 61,4 y 35,5% de la población en el municipio. La tercer y cuarta categoría en las NBI analizadas en el periodo intercensal 2001-2012 siguen señalando el Inadecuado Servicio de Agua y Saneamiento y la Inadecuada atención en Salud afectando a 20,7% y 17,8% de la población en el municipio respectivamente, como temas pendientes.
De 8 distritos que conforman el municipio en su división política administrativa, 7 de estos albergan a la población dentro de la categoría de pobreza. Los Distritos Urbanos 2, 3, 4, 5 concentran el 82,56% de la población global del municipio, el municipio que no presenta problemas de pobreza a nivel de NBI tan solo representa el 7,42%. Contradictorio al sentido común, donde más énfasis se hace en el gasto público es en el D-1, una práctica incorregible en la administración pública.
En término de precios el desfase irreal surge cuando el metro cuadrado en los Distritos Urbanos donde la pobreza por NBI es una realidad se dispara a pesar de no haber resuelto aún estas demandas. Los precios fluctúan entre los 300-400 dólares en el D-3 y D-5 en buena medida por la expectativa de la inversión pública como la construcción de un Hospital de 3er nivel o una Nueva Terminal de Buses. Si uno desea vivir en el D-1, aquel que no figura en el mapa de pobreza, tendría que estar dispuesto a pagar un mínimo de 1.000 dólares el metro cuadrado, a la par del precio en las zonas más caras de Santa Cruz o la zona sur de la ciudad de La Paz. No existe manera de comparar vivir en Sucre, 7ma economía en importancia en Bolivia frente a Santa Cruz (1ra) o La Paz (2da).
El PRAHS encargado de preservar el patrimonio histórico es uno de las instancias municipales que ha inviabilizado que el D-1 (Casco Histórico) pueda tener chances de generar plusvalía en el tiempo con las restricciones y fundamentalismos que utilizan para evitar el deterioro del patrimonio sin ser capaces de explotar el mismo o encontrarle algún tipo de potencial. Es necesario contar con un gran capital para pensar en intervenir en este espacio y así explotar esta cualidad. Pero nuevamente estamos hablando de la 7ma economía en importancia a nivel nacional, el riesgo y las restricciones superan los excedentes que podrían generarse desde el sector privado. El Casco Histórico se constituye en una vitrina de reliquias sin futuro.
En conclusión, la gestión pública, incluso aquella ajena a participar de la economía activamente, termina por empeorar situaciones que incrementan problemas tan severos como la pobreza, tanto que invitan a sus ciudadanos a migrar hacia otras ciudades en el eje donde las condiciones de vida se acomoden a sus expectativas y no viceversa.
CARLOS ARMANDO CARDOZO LOZADA
Economista, Máster en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Presidente de la Fundación Lozanía
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21
