Bolivia, un país con una biodiversidad única, enfrenta recurrentes incendios forestales que devastan su territorio, exacerbados por la expansión agrícola, el cultivo de coca, la minería ilegal y la deforestación. A pesar de la gravedad de los incendios ocurridos en 2018, el masismo en el gobierno no ha adoptado medidas preventivas o políticas públicas efectivas para evitar que se repita esta situación en 2024. Los incendios de 2018 ya fueron devastadores, tanto ambiental como económicamente y la inacción del gobierno ha permitido, algunos dicen que ha incentivado, que la situación se repita seis años después.
El problema principal radica en la expansión descontrolada de la frontera agrícola, impulsada por el cultivo de soya, coca y la ganadería extensiva, que ha sido una de las principales causas de la deforestación. A pesar de las críticas hacia las leyes y decretos incendiarios que facilitan el uso del fuego para actividades agropecuarias, no se han tomado acciones para derogarlas ni para establecer políticas públicas efectivas que detengan la destrucción de los bosques.
La falta de recursos y coordinación institucional es evidente. Los cuerpos de bomberos y brigadas forestales no están adecuadamente equipados ni entrenados para enfrentar incendios de gran magnitud, lo que ha resultado en una respuesta insuficiente ante las emergencias ambientales. Además, el cambio climático, con periodos prolongados de sequía y altas temperaturas, ha aumentado la frecuencia e intensidad de los incendios, aunque no puede ser utilizado como excusa para la inacción del gobierno.
Un aspecto cultural es la falta de previsión y planificación, tanto en las políticas públicas como en la vida cotidiana. En Bolivia, la prevención no está arraigada, y la tendencia es tomar decisiones reactivas en lugar de proactivas, lo que lleva a la incapacidad de manejar eficazmente las crisis. La improvisación se ha convertido en una constante y esto se refleja en la gestión de los recursos naturales y la incapacidad para prevenir desastres.
La falta de disciplina también es un problema crítico. Aunque existen políticas ambientales, su implementación es inconsistente y no se aplican con el rigor necesario. La quema de tierras y el uso de áreas protegidas continúan sin controles estrictos, lo que refleja una falta de compromiso con la legalidad y la responsabilidad en la gestión pública. Este enfoque cortoplacista y extractivista ha llevado a la destrucción de los ecosistemas, alimentando el ciclo de incendios que Bolivia enfrenta año tras año.
El impacto de estos incendios no se limita solo al medio ambiente. Las comunidades más vulnerables, que dependen de los recursos naturales para su subsistencia, son las más afectadas. La pérdida de bosques significa la pérdida de medios de vida, dejando a muchas personas sin acceso a alimentos, medicinas o materiales de construcción. La falta de planificación por parte del Estado perpetúa la pobreza y la marginalización de estos sectores de la población.
Por último, la improvisación no es solo un problema político, sino cultural. En lugar de prever y planificar, se actúa solo cuando el desastre ya ha golpeado. Esto refleja una visión que no valora la importancia de la disciplina y la planificación, elementos fundamentales para una sociedad sostenible. Mientras otros países de la región han comenzado a implementar políticas más efectivas para enfrentar el cambio climático, Bolivia sigue rezagada, atrapada en una cultura de reacción tardía.
Para romper este ciclo destructivo, Bolivia necesita un cambio profundo en su cultura de previsión y planificación. El gobierno debe adoptar políticas públicas más estrictas y garantizar su implementación con disciplina. Además, es crucial que se asuma un compromiso real con la protección del medio ambiente, promoviendo una gestión responsable de los recursos naturales y fortaleciendo las capacidades de respuesta ante emergencias.
Bolivia debe dejar atrás la improvisación y comenzar a planificar de manera seria y sostenida para evitar que los incendios forestales continúen devastando el país. La lección de 2018 y su repetición en 2024 no puede seguir siendo ignorada; es hora de cambiar el rumbo y construir una cultura de previsión, disciplina y responsabilidad para proteger el futuro de Bolivia y su invaluable patrimonio natural.
- LUIS EDUARDOS SILES
- ANALISTA Y POLÍTICO. EX JEFE NACIONAL DEL MNR
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