La falta de transparencia del Banco Central de Bolivia (BCB) es preocupante. No ha publicado sus cifras desde enero de 2023 y la ASFI no ofrece ninguna explicación de esta omisión descarada a los artículos 63 y 64 de la Ley 1670 (que es la ley del propio BCB) que indica que el BCB tiene la obligación legal de publicar informes mensuales y periódicos sobre la economía y sus políticas, pero no lo está haciendo.
Al igual que YPFB, que no ha informado sobre las reservas de hidrocarburos desde 2019 (omitiendo también su responsabilidad legal), el BCB está incumpliendo sus obligaciones sin que parezca importar a muchos. Esto permite al Gobierno ocultar la realidad económica y financiera del país, presentando una imagen falsa de estabilidad y progreso y de bienestar.
Lo mismo ocurre con la supuesta industrialización que el Gobierno afirma estar implementando. No hay evidencia de esta industrialización ni de sus supuestos beneficios económicos, como la sustitución de importaciones y el ahorro de divisas.
El Instituto Nacional de Estadística (INE), dependiente del Ministerio de Planificación, tiene la responsabilidad de publicar cifras oficiales sobre la actividad económica y social de manera clara y transparente. Sin embargo, al analizar algunas de estas cifras, surgen contradicciones con el discurso gubernamental sobre la industrialización: a principios de año, el presidente Arce afirmó que “el país está en un proceso de industrialización, que no hay crisis económica y que se está cosechando los beneficios de la sustitución de importaciones”.
Si tomamos este mandato al pie de la letra, el verso gubernamental de industrialización y revisamos algunas de las cifras que este ente estatal produce, surgen serias dudas por sus contradicciones con el relato gubernamental de industrialización.
Un indicador clave de la industrialización es la Formación Bruta de Capital Fijo, que mide la inversión en bienes duraderos para la producción. En un proceso de industrialización, este índice debería estar en constante aumento.
Sin embargo, las cifras del INE muestran que la formación de capital fijo del sector público en 2022 y 2023 está por debajo del promedio de la última década. Excluyendo el período de la pandemia, la disminución es aún más significativa. Sin inversión en capital fijo, cualquier “industrialización” es una ilusión.
Para complicar aún más el relato oficial, la inversión en capital del sector privado supera a la del sector público en un 54% en 2023 y un 56% en 2022.
Con estas cifras, ¿dónde está la evidencia estadística de la industrialización? Analicemos las cifras de Industria Manufacturera y Comercio para obtener más información.
Inexplicablemente el Índice y Variaciones del Volumen de Ventas de la Industria Manufacturera, solo registran cifras hasta el 2019. La industrialización que nos va a sacar de la crisis, que no se basa en capital fijo (maquinaria, instalaciones etc.) no se registra.
Si la industrialización no se registra en aumentos en la acumulación de capital productivo, ni tampoco en ventas, debería verse reflejada en las cifras de consumos de energía eléctrica y gas.
El índice de consumo de energía eléctrica del INE registra incrementos entre el 2022 y 2023 del 6% y de solo el 3% de gas en MPCs; sin embargo, la demanda industrial de gas en el primer cuatrimestre del 2024 fue inferior al mismo periodo en el 2023 en 2,5%.
No sabemos con qué capital físico se está dando la industrialización, ni cuánto han aumentado las ventas por esa industrialización, ni si realmente las cifras de consumo de energía explican este fenómeno. Sea como fuere, los bienes y productos de esa industrialización que nos han anunciado tienen que ser transportados dentro del país para que esa sustitución de importaciones nos saque de la crisis.
Revisado el índice de transporte carretero, este ha disminuido entre 2021 y 2022, no obstante que el 2021 fue un año atípico todavía por la pandemia, y el índice del 2023 es inferior a cada año del periodo 2016-2019.
Lo que nos lleva a la pregunta existencial: o el INE hace bien su trabajo y no registra la industrialización porque no la hay, o, la industrialización es una realidad y el INE hace muy mal su trabajo y no la registra. Sea cualquiera la respuesta, ninguna es halagadora y solo reconfirma la ineptitud del sector estatal de transparencia e idoneidad.
Este es un tema crítico. Ahora el INE tiene que explicar su Censo, que dejó más preguntas que respuestas, no obstante los MAS de US$69 millones que costó, según el INE, y que el presidente Arce indica que fue “uno de los mejores censos de la región”.
Las cifras del presupuesto para los censos del INE tampoco cuadran. En junio de 2022 se aprobó un préstamo del BID de US$100 millones y US$40 millones adicionales de FONPLATA, totalizando US$140 millones. Sin embargo, el censo de población y vivienda, que es el más costoso, “solo” gastó US$69 millones. ¿Dónde está el resto del dinero?
Evo Morales indicó en marzo de este año que, en 2012, se presupuestaron US$50 millones, pero que el INE sólo ejecutó US$30 millones.
¿Por qué se sobreendeuda Bolivia para censos? El restante del crédito ¿se queda en el INE o es desviado a otras partidas, entes, rubros?
Finalemente, si se cree en las cifras de Evo Morales, ¿porque el cuestionado censo de población y vivienda del 2024 costó MAS del doble que el del 2012?
Sin transparencia, el INE deja huérfana a Bolivia de cifras críticas que serán esenciales de tener para cuando llegue un gobierno que quiera reconstruir el país y no solo discursear de “realidades” que surgen MAS de un afán de un engaño narcótico de contar una realidad que no existe, que de enfrentar los problemas y trabajar por el país.
- JOSÉ LUIS CONTRERAS C.
- Economista.
- *NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21
