ANDRÉS GÓMEZ
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó, en su última visita a Bolivia, lo que ya sabíamos:
1) Que jueces y fiscales están bajo control del poder político de turno (Luis Arce y el MAS), lo que significa que mañana pueden vestir la camiseta de otro gobierno.
2) Que la justicia es un instrumento para perseguir y encarcelar adversarios políticos, lo que quiere decir que los perseguidos de mañana pueden ser los que hoy persiguen.
3) Que la justicia requiere una reforma urgente; lo que quiere decir que si no hay reforma seguiremos en un Estado Plurinacional, pero no en un Estado de Derecho.
La opinión de la delegación de la CIDH se suma a la del relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García Sayán; a la de la organización defensora de Derechos Humanos Human Rights Watch; a la del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); a la voz del propio gobierno del MAS que probó durante el periodo constitucional de Jeanine Añez cómo sus fiscales y jueces se inclinaban ante los poderosos de turno y comenzaban a perseguirlos.
Los bolivianos de todos los colores hemos constatado que los jueces y fiscales equivalen a los paramilitares de las dictaduras militares. Éstos mataban con balas; aquellos mandan a la cárcel a morir (caso Marco Aramayo). Los paramilitares violaban derechos humanos de hecho; jueces y fiscales cometen los mismos delitos, pero con el barniz legal. Los “paras” torturaban a personas para que nunca más se metan en política; jueces y fiscales legalizan las torturas, luego montan juicios, pruebas y encarcelan a inocentes para que nunca más hagan política (caso César Apaza).
Todos sabemos el diagnóstico. Todos sabemos también el pronóstico: que si no liberamos a la justicia del control de un partido o de grupos fácticos, habrá inocentes encarcelados, madres y padres que enfermarán y morirán de impotencia al ver a sus hijos presos, funcionarios millonarios a costa del sufrimiento de la gente, y desigualdad en las relaciones socio-jurídicas porque ganará casi siempre el que tiene dinero.
También todos sabemos la necesidad: reforma urgente de la justicia. Diferentes encuestas, de diferentes empresas y en diferentes momentos, han reflejado que casi nueve de cada 10 ciudadanos exigen cambiar el sistema judicial. Entre esas nueve personas están funcionarios del gobierno de Arce. Vale decir, si hay un tema que genera gran consenso nacional es la necesidad de salvar la justicia.
En un principio, esta gran demanda fue escuchada por el gobierno de Arce. Por ello, su ministro de Justicia, Iván Lima, conformó un “consejo de notables” con dos objetivos: 1) reformar la Constitución para cambiar la elección de autoridades judiciales por voto popular; y 2) garantizar la independencia de los jueces y fiscales.
Es más, el propio Lima anunció la idea de un referendo para el 7 de marzo de 2020 como camino para transformar la justicia. Lima se tomó fotos con los notables, difundió información e infló la esperanza, pero de pronto el proyecto desapareció sin explicación. ¿Qué pasó? ¿Quién frenó o quiénes pararon en seco esta gran posibilidad?
Dos años después, en febrero de 2022, el mismo ministro admitió que el sistema de selección y elección de candidatos a magistrados fracasó al indicar que “definitivamente, la elección de jueces como la hemos vivido en 2011 y en 2017 no debe repetirse”. En marzo pasado, Lima identificó al jefe del MAS y expresidente, Evo Morales, como la persona responsable de haber elegido a los hoy cuestionados magistrados.
Sin embargo, el gobierno y los asambleístas del MAS decidieron seguir la ruta del fracaso al aprobar el reglamento y convocatoria para la preselección de postulantes a las altas cortes con las mismas nefastas características. Aunque no tiene dos tercios, pero los puede conseguir conociendo las aficiones de algunos opositores.
La experiencia en el mundo ha demostrado que es más importante a quién se elige como juez y no tanto quién elige. Puede elegir el Presidente, un grupo de notables, el pueblo. En sentido, no es muy idóneo un abogado que se afilió a un partido por una pega y ahora postula a ser magistrado. Los excelentes triunfan en el mercado por mérito propio, sin trampas.
¿Qué hacer frente a la decisión oficial de repetir el camino del desastre? Firmar los libros de la justicia para cambiarla vía referendo por iniciativa popular. Es posible que los asambleístas, vocales del TSE y magistrados del TCP pongan obstáculos para evitar la consulta, mas no podrán ignorar al millón y medio o más decididos a movilizarse para exigir cambios reales.
Si la justicia se pudre más, sufrirán las consecuencias los que hoy son mayoría y mañana serán minoría, salvo que hasta 2025 usen a sus jueces y fiscales para instalar la dictadura de partido único. Entonces, la infelicidad se quedará en el hogar de los bolivianos.
ANDRÉS GÓMEZ VELA
Periodista y Abogado
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21
