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La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, resolvió conceder en parte la Acción Popular activada por la diputada María René Álvarez, en defensa de los acuíferos de la Unidad de Conservación y Patrimonio Natural (UCPN) Güendá Urubó.
“Lo que hemos logrado con esta Acción Popular es que el Gobierno transparente la información sobre este proyecto, para que los directos interesados como ser la Gobernación, los municipios y los pueblos indígenas conozcan las fichas ambientales y se pueda confirmar el daño ambiental que se pretende realizar sobre nuestros acuíferos y aguas subterráneas”, explicó la diputada.
La audiencia de Acción Popular interpuesta por la legisladora se realizó esta jornada, con presencia de funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA) y con la notificación realizada a la CAF, a quienes se activó este recurso por las amenazas ambientales que implica el proyecto carretero La Guardia – Buena Vista.
Los vocales concedieron la tutela parcial a este recurso y solicitó que el MMAyA “entregue respuesta motivada y jurídica, así como las fichas técnicas ambientales” en el plazo de 15 días hábiles, para que luego se remita esa información a la Gobernación de Santa Cruz, municipios afectados con el proyecto, así como el nivel central y terceros interesados.
Pese a la notificación a la CAF, por ser el ente financiador de este proyecto carretero, los vocales consideraron que como organismo internacional no debía ser parte de la audiencia.
El petitorio solicitaba conceder tutela a la Acción Popular para dejar sin efecto las licencias ambientales emitidas por el MMAyA, hasta que se realice un estudio ambiental público, además de pedir que el Gobierno, mediante sus ministerios y la ABC, hagan partícipes sobre cualquier acción tomada a las autoridades jerárquicas de Santa Cruz y de la zona Güenda – Urubó, que tenga relación con sus derechos vitales, como es la provisión de agua.
//FUENTE: PRENSA DIPUTADOS//