Juez devuelve imputación contra Villegas y prensa ratifica libertad de expresión

Redacción VISOR21

La imputación contra el ingeniero de sistemas Edgar Villegas, por la figura de supuesta “instigación pública a delinquir”, fue devuelta por juzgados a la Fiscalía Departamental de La Paz, con observaciones. En tanto, este caso se ha convertido en otro hecho que atenta contra la libertad de expresión, según representantes de los periodistas.

La observación puntual del juez Quinto de Instrucción en lo Penal de La Paz, Juan Carlos Montalban, fue que la Fiscalía no especificó dónde se cometieron los supuestos delitos, por tanto, el expediente fue devuelto.

“De la lectura del memorial de imputación formal nuevamente vuelve a incurrir en lo mismo la Fiscal de Materia, señalando fechas 25 de octubre de 2023, 26 de octubre del 2023, asimismo señala canal TVU, Canal CNN en Español, pero no señala dónde habría ocurrido los hechos, a este efecto devuélvase la imputación formal, Resolución de Imputación Formal No FIS LPZ-MVBH No 010/2024, debiendo el Fiscal de Materia subsanar, bajo responsabilidad penal y administrativa”, cita el memorial del juez.

Villegas denunció ayer que el caso solo busca censurar y callar a quienes exponen denuncias a través de los medios de comunicación. Se declaró como otro perseguido político del actual gobierno y dijo que pese a esta imputación “no se doblegará”.

“Yo me remito a las conclusiones de la OEA, que dice que hubo una manipulación dolosa de las elecciones. No lo estoy diciendo yo, lo dijo la misión electoral de la auditoría de la OEA. Según la RAE, dolo es igual a fraude”, agregó el joven profesional en la conferencia del lunes en ambientes de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP).

LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

En tanto, al tratarse de un caso basado en la denuncia del diputado masista del ala evista Renán Cabezas, que implica la difusión de una entrevista a través del canal universitario en octubre de 2019, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) emitió un pronunciamiento bajo el título “Periodistas ratifican defensa de la libertad de expresión”.

“La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y las nueve asociaciones departamentales de periodistas del país, ratificamos nuestra defensa intransigente de la libertad de expresión y de prensa ante la imputación ordenada por el Ministerio Público contra el ingeniero informático Edgar Villegas por el supuesto delito de instigación pública a delinquir.

Consideramos que dicha imputación, motivada en razones políticas, constituye una grave amenaza contra el derecho a expresar y difundir ideas e información, limita el derecho de acceso a la información del conjunto de la población y conlleva el peligro de inhibir su ejercicio pleno y sin restricciones por miedo a ser injustamente juzgado.

Recordamos que el derecho a la libertad de expresión está consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un derecho consustancial a todas las personas y su ejercicio está protegido por la Constitución Política del Estado y por tratados internacionales ratificados por el Estado boliviano.  Establece claramente que “nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones”.

Además de pretender acabar con las voces críticas, cualquier intento de judicializar el derecho a la libertad de expresión constituye también un atentado a la libertad de prensa por cuanto afecta el derecho de hacer públicas ideas, opiniones o información a través de cualquier medio de comunicación.

Nos queda claro que, al hacer conocer sus investigaciones sobre supuestas irregularidades cometidas en las Elecciones Generales de 2019, el ingeniero Villegas no sólo ha ejercido su derecho a la libertad de expresión sino también ha contribuido a superar las dificultades que el periodismo enfrentaba a la hora de acceder, comprender y, por tanto, informar a la población en esa coyuntura crucial para la democracia.

Demandamos encauzar el proceso por el cauce de la vigencia plena de los derechos a la información y la libertad de expresión, para evitar un peligroso precedente que limite el escrutinio de la gestión pública por parte de la ciudadanía.