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La familia de dos jóvenes, que declararon haber sufrido violaciones y abuso sexual cuando eran niños, denunciaron que el juez Tercero Anticorrupción y de Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer de El Alto, René Foronda, anuló toda la investigación que se realizó contra el hijo del ministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Rubén Méndez, con el argumento de que los delitos fueron presuntamente cometidos cuando el sindicado también era menor de edad, por lo que este debe ser juzgado en una instancia especial, en la que solo afronta una sentencia de seis años de cárcel.
“Por tanto: El juez tercero anticorrupción (René Foronda) declara fundada la excepción de incompetencia (…) y dispone lo siguiente: 1. Se declina competencia al juzgado de la niñez y adolescencia de la ciudad de El Alto de turno. 2. Se ordena al Ministerio Público a disponer que la presente causa sea conocida por un fiscal especializado en minoridad (menores). 3. Se declaran nulos todos los actos procesales y fiscales por no haberse llevado dentro del control competente, salvándose el caso de la denuncia”, señala la parte final de la resolución emitida por el juez Foronda, a la que Periodismo sin Photoshop accedió.
El documento fue emitido el 20 de octubre, ocho meses después de que el juez admitió el caso. La madre de dos de las víctimas denunció a este medio que, durante ese tiempo la investigación fue demorada por diferentes irregularidades atribuidas a los fiscales; al contrario, el imputado, Inti Méndez, de 32 años, hijo del ministro de MMAyA, fue beneficiado con detención domiciliaria y salida laboral, para que continúe como funcionario en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).
Foronda anuló todo lo investigado sin importar que en el proceso se recolectaron declaraciones que hacen presumir que existen múltiples víctimas de violación y abuso sexual, sostuvo la abogada de las víctimas, Paola Barriga. Señaló que el juez emitió dicha resolución en una audiencia sin la presencia de los denunciantes, como se revela en el mismo documento.
“Es un caso bastante relevante, tomando en cuenta que no se trata de un proceso cualquiera. Hablamos de un presunto violador serial, que cometió estos abusos contra distintas personas que fueron muy allegadas a él. En este momento conocemos de al menos tres víctimas”, cuestionó Barriga, en entrevista con este medio.
“Lo que llama la atención es el juez (Foronda) sea tan complaciente con el caso de un presunto violador serial, cuando él debería velar porque se realice una investigación transparente y en los plazos que corresponden, pero además ahora anula todo el caso, luego de ocho meses, pese a que las acciones de la fiscal eran una burla contra la víctima”, lamentó la jurista.
En la resolución, el juez justificó su decisión con el argumento de que el hijo del ministro había presentado un incidente de acción procesal defectuosa, en el que afirma que los hechos delictivos por los que fue procesado, supuestamente se cometieron cuando él también era menor de edad, en ese sentido, pedía que su caso sea remitido a un juez del menor.
Por su lado, Barriga lamentó las irregularidades con las que se maneja este caso y advirtió la verdadera intención del imputado y quienes pretenden encubrir las agresiones sexuales cometidas contra niños: minimizar la posible sentencia que el hijo del ministro podría afrontar. Explicó que al procesar al imputado como si se tratara de un menor de edad, la pena mayor que el presunto agresor podría recibir es de sólo seis años.
El motivo del caso
En marzo, Renata (nombre ficticio para proteger a la víctima) y su hermano mayor, de 22 y 24 años respectivamente, presentaron dos denuncias, por separado, ante la Fiscalía de El Alto, contra su primo hermano, Inti Méndez. La joven afirmó que fue víctima de abuso sexual desde los cuatro hasta los ocho años, en cambio, su hermano declaró que sufrió al menos cuatro violaciones; estos hechos presuntamente se cometieron en los domicilios de las respectivas familias, desde los 4 años hasta los 12, y el hijo del ministro tenía 16 y 20 años.
Por razones que la Fiscalía no explicó, pese a las consultas hechas por este medio, la denuncia del varón fue rechazada y solo se abrió una investigación contra Inti Méndez, por el caso de abuso sexual denunciado por Renata. Sin embargo, dentro de ese proceso se recolectó la declaración de otra familiar, también prima del presunto agresor, quien afirmó haber sufrido abuso sexual cuando era niña.
Según el relato de las tres víctimas, nunca contaron a sus padres sobre las agresiones sexuales de las cuales fueron víctimas por parte de su primo, debido a que, como niños, si bien las acciones les causa dolor, tristeza y temor, no podían identificar el hecho como un grave delito, además que el agresor los hacía sentir culpables al hacerles ver el terrible problema que se generaría entre familias si lo contaban.
Las agresiones sexuales presuntamente se cometieron entre los años 2005 y 2010 en diferentes domicilios de la familia, en los departamentos de La Paz y Potosí. Renata, en una anterior entrevista con Periodismo Sin Photoshop, explicó que presentaron las denuncias luego de 12 años, debido a un reciente incidente que vivieron con el agresor la navidad de 2022, durante una pelea que se generó en medio del consumo de bebidas alcohólicas. El hecho sirvió para que los dos hermanos descubrieran que fueron víctimas del mismo agresor cuando eran niños.
Fiscalía procesada por corrupción
Para la madre de los dos hermanos existen varias irregularidades, cometidas tanto por la Fiscalía, el juez Foronda y la defensa del denunciado, que les hacen presumir que existe una protección política para el hijo del ministro Méndez. Durante parte de la investigación, la fiscal Wendy Gómez, según consta en el acta de una de las audiencias, al contrario de solicitar la detención preventiva, favoreció al procesado al afirmar que este tenía derecho a trabajar, pese a los indicios presentados en su contra.
De la misma forma, en el archivo figura una orden de evaluación psicológica para la joven de 22 años, pero los responsables del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), programaron la misma para el 24 de marzo de 2024. Es decir, solo la verificación del testimonio de la víctima tomaría un año.
Lo llamativo fue, que en septiembre, en medio de los reclamos la abogada Barriga hacia el trabajo lento de investigación, la fiscal Gómez fue aprehendida, denunciada por supuesta extorsión a uno los principales involucrados en el caso de Emavías (Empresa Municipal de Asfalto y Vías), relacionado al robo de 93 turriles de cemento asfáltico. Gómez, junto a dos policías, una abogada y otra funcionaria de la Fiscalía fue imputada y cuenta con detención domiciliaria.
Asimismo, se cuestiona a Foronda porque para dar la detención domiciliaria a Inti Méndez, este, sostiene la madre de las víctimas, no verificó cuál era la situación laboral del imputado, que afirmaba tener un contrato con la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), pese a que este no se presentó a trabajar por al menos cinco meses. La firma estatal negó dar información sobre el caso.
Por último, Barriga acusó a Foronda de continuar con el favorecimiento al hijo del ministro de MMAyA, porque luego de anular toda la investigación, no entregó el cuaderno de control jurisdiccional para que sea sorteado y se lo asignen a un nuevo juez especializados en temas de menores de edad. Se conoce que el próximo lunes, Inti Méndez debe presentarse para dar una nueva declaración.
//FUENTE: PERIODISMO SIN PHOTOSHOP//
