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Miembros de la Confederación Nacional de Jubilados de Bolivia se movilizaron este martes en demanda de la aprobación del proyecto de “Ley 395 de Modificaciones de la Ley de Pensiones”, norma que busca incrementar los límites mínimos y máximos en la pensión solidaria de vejez de los jubilados del sistema nacional.
El máximo representante del sector, Roberto Chávez, informó que el proyecto de ley fue entregado a la Asamblea Legislativa en junio, pero en la legislatura 2022-2023 ni siquiera fue agendado para su tratamiento en el pleno de la Cámara de Diputados. Ante la apatía de los legisladores, los jubilados se movilización esta jornada y no descartaron activar más medidas de presión.
“Esta es una primera medida de presión que estamos haciendo. Los que hemos llegado del interior (del país), que están acá, no nos vamos a mover de la ciudad de La Paz, vamos estar en permanente vigilia; y si no hay respuestas, vamos a implementar otras medidas a nivel nacional, sin descartar el bloqueo de caminos”, adelantó Chávez.
El proyecto de ley fue enviado por el Órgano Ejecutivo, tras coordinar con la Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación de Jubilados, y plantea la modificación del artículo 17 de la Ley 065 de Pensiones, que hace referencia a los límites solidarios.
“Articulo 17. (límites solidarios y porcentaje referencial). I. Los Límites Solidarios son los montos referenciales máximos y mínimos utilizados para la determinación del monto de la Pensión Solidaria de Vejez que se pagará a los Asegurados en función de su Densidad de Aportes, detallados a continuación”, reza la propuesta de modificación del artículo 17 de la Ley 065.
El dirigente Chávez explicó que los jubilados se beneficiarán porque se incrementará en Bs 1.000 las rentas mínimas y máximas.
El proyecto de ley consta de dos artículos, una disposición única, dos disposiciones transitorias y dos disposiciones finales. Sin embargo, la propuesta de ley fue calificada de polémica por pretender, en la disposición adicional única, instaurar un examen físico y mental que definirá si una persona, a partir de los 65 años, podrá seguir trabajando o no.
Además de pretender limitar el derecho al trabajo de cualquier boliviano, el Gobierno plantea en su proyecto de ley eximir a las autoridades electas y designadas de esas evaluaciones y favorecerlos para que sigan perteneciendo en la masa laboral del aparato estatal.
//FUENTE: ANF//
