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El Panel de Inspección del Banco Mundial (IP por sus siglas en inglés) realizará una investigación sobre la afectación que sufren los indígenas de la Chiquitania por la construcción de la carretera San José – San Ignacio en el departamento de Santa Cruz, obra que tiene un presupuesto de 230 millones de dólares y que es financiada por la organización internacional.
La determinación fue asumida luego de que Ramanie Kunanayagam, presidenta del Panel de Inspección; Ibrahim Pam, miembro del Panel; Birgit Kuba, oficial superior de investigaciones y Ayako Kubodera, oficial de investigaciones, realizaron una visita a Bolivia para recopilar elementos que les permitieran determinar en su informe y recomendación al directorio ejecutivo de la entidad financiera, si se justificaba llevar a cabo una investigación sobre los asuntos planteados en la denuncia de los indígenas chiquitanos.

La obra en cuestión, que comenzó a ejecutarse en septiembre de 2019 y cuyos trabajos están a cargo de la empresa China State Construction Engineering Corporation Ltda, prevé ampliar y asfaltar la antigua carretera de 208 km desde San José de Chiquitos hasta San Ignacio de Velasco, pasando por San Rafael y San Miguel de Velasco. Hasta el 3 de marzo, se registró un 39% de avance en los trabajos.

“El Panel observa que los solicitantes y la solicitud de inspección cumplen los criterios técnicos de admisibilidad establecidos en su resolución. Considera que los supuestos daños se relacionan de manera plausible con el proyecto, y que la solicitud plantea graves problemas de presuntos daños e incumplimiento de las políticas aplicables. De acuerdo con la revisión y las observaciones anteriores, el Panel recomienda llevar a cabo una investigación sobre las supuestas cuestiones de daños e incumplimiento relacionado a las políticas aplicables del Banco Mundial, centrándose en la evaluación ambiental, los pueblos indígenas y el reasentamiento involuntario”, señala el Informe y recomendación del Panel de Inspección.

“Esto es importante porque el Panel de Inspección es un mecanismo no judicial e independiente de rendición de cuentas que tiene el Banco Mundial. El Panel evalúa quejas presentadas por comunidades afectadas por proyectos financiados por el Banco. Específicamente, investiga las denuncias de daños a personas y/o al medio ambiente y examina si el Banco ha seguido sus políticas y procedimientos operativos para prevenir y responder a los daños ocasionados. Una vez tomada la decisión final, el Panel informa directamente al Comité Ejecutivo del Banco, y la dirección del Banco tiene la responsabilidad de abordar y responder a las conclusiones del Panel. En este caso, en primer lugar no se aplicó un proceso de consulta y en segundo lugar, en los Planes para Pueblos Indígenas (PPI) no fueron contempladas las medidas mínimas para mitigar los daños o posibles daños por la construcción de la carretera”, explicó Mario Paniagua, técnico de Fundación Tierra.

El PPI es un instrumento que tiene como objetivo mitigar los impactos del proyecto y asegurar la participación de los pueblos indígenas en el desarrollo, implementación y en la obtención de beneficios del proyecto caminero en un marco de respeto al ejercicio de sus derechos y cultura.

Desde el anuncio de la construcción de la carretera, en 2018, las comunidades indígenas chiquitanas denunciaron ante las autoridades de la ABC y representantes del BM en Bolivia, los problemas que se comenzaron a suscitar en su territorio, pero sus reclamos no fueron escuchados.

Ante esta situación, el 19 de diciembre de 2022, cuatro centrales de la Chiquitania, con el apoyo de la Fundación TIERRA y la Fundación Munasim Kullakita, presentaron una solicitud de inspección al proyecto carretero. Esta queja fue registrada el 13 de enero y fue admitida el 15 de febrero.

Posteriormente, el equipo del Panel de Inspección visitó la Chiquitania la primera semana de mes de marzo del presente año, para indagar las violaciones descritas en la queja.

En la solicitud, los afectados señalaron que la construcción de la vía constituye una amenaza para sus tierras y sus medios de subsistencia. También alegaron que el Plan para Pueblos Indígenas (PPI) original no mitigó los impactos adversos ni les otorgó acceso a beneficios.

Aunque el documento inicial presentado en 2018 fue modificado en 2021, todavía existen deficiencias en su ejecución. Por otro lado, también alegaron que el proyecto no fue sometido a un proceso de consulta en base a la norma vigente, y que hay indicios de que los trabajadores de la obra cometieron explotación, abuso y acoso sexual contra mujeres y niñas indígenas.

El Panel en su informe observa que los solicitantes y la solicitud de inspección cumplen los criterios técnicos de elegibilidad establecidos en la Resolución del Panel. “El Panel considera que el daño alegado está plausiblemente vinculado al proyecto, y que la Solicitud plantea cuestiones serias de supuesto daño e incumplimiento de políticas”, señala parte del documento.

El Informe y recomendación del Panel de Inspección en la parte final ofrece “una oportunidad” para que los sectores en conflicto resuelvan su problema. “Si ambas partes acuerdan someterse a un proceso de solución de controversias, el Panel suspenderá su proceso de cumplimiento hasta que concluya ese procedimiento”, opción que de inicio no fue tomada en cuenta por los solicitantes.