Investigador de HRW: Vaga definición de terrorismo en la ley boliviana permite su uso arbitrario y político

El investigador principal de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, César Muñoz, apuntó este martes contra la definición de terrorismo en la normativa nacional, a la cual calificó de “vaga y amplia”. El experto internacional opinó que esto permite su uso “arbitrario y político” en casos como los de los expresidentes Jeanine Añez y Evo Morales.

“La definición de terrorismo en la ley boliviana es tan amplia y vaga que permite su uso arbitrario y político. Se usó contra Evo Morales en el gobierno de Jeanine Añez y se usa ahora contra ella. La Asamblea debería adecuarla a las normas internacionales”, escribió en su cuenta de Twitter.

Las palabras del investigador se produjeron después de que la justicia ampliara por tres meses la prisión preventiva de Añez en el marco del caso “golpe de Estado I”, en el cual se la acusa de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

En líneas generales, el artículo 133 del Código Penal señala que será acusado de terrorismo todo aquel que cometa delitos contra la seguridad común, la salud pública o atente contra los medios de transporte; o contra la integridad de jefes de Estado extranjeros u otras autoridades para mantener en alarma a la población; subvertir o alterar el orden constitucional o deponer al gobierno elegido.

También será acusado de terrorismo quien se apodere de una aeronave en vuelo o buque mediante la violencia, cometa un atentado violento o entregue, coloque, arroje o detone un artefacto explosivo en un lugar público. La norma sanciona a quien promueva, cree, dirija, forme parte o preste apoyo a una organización destinada a realizar las conductas citadas.

Desde 2006, los elementos de este tipo penal han sido objeto de una amplia crítica por su potencial para restringir los derechos de objetar políticas gubernamentales o de tener opiniones distintas. En los últimos dos años, las observaciones llegaron desde entidades internacionales como Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Solo en 2020 y 2021 se imputó formalmente a al menos 25 personas con este tipo penal. 15 procesos se realizaron durante el gobierno transitorio y 10 en la gestión de Luis Arce. En todos los casos, organizaciones internacionales criticaron el uso del tipo penal para realizar una revancha política.