Surgen contradicciones que hacen dudar sobre los motivos reales para el desalojo de la comunidad menonita Valle Verde, ubicada en la localidad de Quimome en el municipio de San José de Chiquitos. Después de calificar de ilegal a este grupo y de llamarlos extranjeros, ayer el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) aseguró que su asentamiento es legal, pero que se excedió en su extensión, por lo que solo tendrán que recorrer su colonia a más de 2.000 hectáreas. Además, dio a entender que el grupo fue víctima del tráfico de tierras y los instó a seguir las medidas legales correspondientes.
No obstante, la entidad fue tajante al señalar que la comunidad debe abandonar el espacio en disputa que fue otorgado en calidad de usufructo al Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf) (860 hectáreas) y otra parte cedida a la comunidad 19 de Noviembre con 1.400 hectáreas.
Es legal
En declaraciones a Bolivia TV, el director nacional del INRA, Eulogio Núñez, aseguró que la colonia menonita es legal, pero que se extendió en sus límites sobre un predio fiscal y que la solución al conflicto está en trasladar su comunidad.
“Ellos simplemente tienen que retroceder un poquito a su colonia, que sí es legal. Lo que ha pasado es como un rebalse de esa colonia, que de pronto avasalló también tierras que estaban en usufructo del Iniaf y de esta comunidad que está autorizada”, remarcó.
En otra entrevista, con Bolivia TV, el director del INRA en Santa Cruz, Adalberto Rojas, al igual que Núñez, reconoció que la comunidad menonita es legal y que tiene más de 7.000 hectáreas.
Mediante un comunicado, ayer la entidad reiteró la medida y dice que “existen tareas pendientes concernientes a inventarios y retiro que en un periodo máximo de 15 días deben estar concluidas, conforme el compromiso suscrito por los ocupantes. Acciones que se harán efectivas bajo la supervisión del INRA y previsión del resguardo policial”.
Además, la entidad aseguró que si algunos de los menonitas desalojados fueron víctimas de tráfico de tierras deben realizar la renuncia correspondiente.
“Si los menonitas desalojados hubieran sido víctimas de tráfico de tierras, deberán acudir a la justicia ordinaria para la investigación y la aplicación de sanciones penales, si corresponde”, aseguró la entidad en su comunicado.
No obstante, el abogado de los menonitas, Alejandro Altamirano, precisó que el propio INRA revocó este asentamiento.
“El mismo ente agrario realizó una inspección in situ y constató que los campesinos no trabajaron la tierra, por lo que anuló de manera total el permiso de asentamiento”, explicó y sostuvo que
la expansión no fue irregular, sino que en 2009 compraron el predio de 2.000 hectáreas llamada Guayacanes a una pareja.
“Esto es un tema político y lo que se pretende es asentar a una comunidad intercultural 19 de Noviembre. Eso es lo que está pasando. La comunidad no ha podido ser desalojada”, indicó.
Agregó que si fuera cierto lo expuesto por Núñez, “se debió realizar la anulación del expediente agrario” de las tierras. “Posteriormente, se debió hacer la cancelación de la matrícula donde recae en el registro de Derechos Reales el nombre de los representantes legales de la matrícula”.
//FUENTE: EL DEBER//
