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Informes emitidos por la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo contradicen la versión que dio el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, sobre las extrañas circunstancias en las que murió Ángel Apaza Jiménez, mientras estaba “arrestado” en la Felcc de La Paz. El hombre de 23 años era el principal sospechoso de la desaparición y feminicidio de Vanesa Aquino; ahora se investiga una posible “muerte por tortura” a manos de sus custodios.
“En ese caso se ha solicitado de forma directa y oficial el inicio de procesos, para establecer las responsabilidades de quienes hubiesen estado en custodia de esta persona al momento de su muerte. Abrimos una investigación en el marco del Mecanismo Nacional de la Prevención Contra la Tortura, sobre la posibilidad de la comisión de tortura seguida de muerte (cometida contra Apaza)”, informó la Defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz.
Apaza perdió la vida en circunstancias extrañas luego de que fue arrestado en oficinas de la División de Trata y Tráfico, en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz. Una de las primeras contradicciones en este caso, radica en que el sospechoso, supuestamente se presentó “a confesar” de manera voluntaria, sin abogado y sin una citación previa a las 20:00 del viernes 7 de abril en La Paz, pese a conocer que el caso de Vanesa, por el cual era investigado, estaba radicado en la Felcc de El Alto.
Un día después, el general Aguilera informó que Apaza “presentaba enfermedades de base, una de ellas vinculada a un inadecuado sistema nervioso y otros vinculados al sistema digestivo, y en el momento cuando estaba siendo trasladado para un chequeo médico a un hospital, perdió la vida por broncoaspiración. Ahora mismo estamos con la certeza de la responsabilidad (del crimen contra Vanesa), pero (Apaza) perdió la vida por causas naturales”, aseguró ante los periodistas de El Alto. Esa misma jornada, los familiares de Apaza desmintieron esa versión y señalaron que el joven realizaba trabajos manuales en perfecto estado de salud. “Era totalmente sano, él no tenía ninguna discapacidad, era sano”, sostuvo Adalid Apaza, hermano mayor de la víctima.
Una de las teorías mencionadas a este medio, por personal de la Fiscalía y la Felcc, es que Apaza fue interrogado con el uso de una “bolsa negra en la cabeza y gas lacrimógeno”, agente químico que le provocó las convulsiones. “Lo que dicen ellos es que ‘se les fue la mano’ y por eso no quieren dar más información”, señaló una de las fuentes.
Vanesa desapareció el 23 de diciembre de 2021, luego de cobrar del banco un giro de dinero enviado por su padre desde Chile. Aproximadamente a las 22:00 ese día, informó a sus familiares que estaba “compartiendo” en la casa de su enamorado, Ángel, junto a los amigos de este.
Días después, desde el celular de la joven se escribieron mensajes asegurando que ella y otras mujeres fueron llevadas para trabajar en el exterior y que desistan de buscarla. Luego no se tuvo más contacto con la familia y el caso fue denunciado por la madre y la hermana de Vanesa, por lo cual se abrió una investigación por presunta trata de personas en la Felcc de El Alto.
Según la versión de Aguilera, por medio de una pericia de luminiscencia se hallaron manchas de sangre en el cuarto de Apaza, y se presumía que fue este quien escribió los mensajes desde el celular de la víctima. Además, pese a que el lugar fue precintado, el hombre quemó un colchón y limpió el lugar con el fin de ocultar la evidencia.
Uno de los cuestionamientos de la Policía hacia la Fiscalía, es la demora en la emisión de la orden de aprehensión, pese a que Apaza se presentó a declarar en la primera fase de la investigación y no se ordenó su aprehensión.
En esa línea, finalmente a las 18:35 del 7 de abril de este año, por recomendación del asignado al caso, la Fiscalía de El Alto emitió una orden de aprehensión contra Ángel Apaza “por existir elementos de convicción para presumir que (fue) partícipe o autor” de la desaparición de Vanesa, según el informe del investigador, sargento Américo Callisaya. Sin embargo, el uniformado reportó que por estar fuera de horario laboral y desconocer el paradero del sindicado dicha orden nunca se ejecutó y no le fue comunicada a Apaza.
No obstante, sin explicación confirmada hasta el momento, ese mismo día, a las 20:00 Apaza se presentó “de forma voluntaria” sin abogado ni acompañantes a las oficinas de Trata y Tráfico de La Paz, “con el objeto de poder confesar un crimen del cual sería partícipe, toda vez que desde el 23 de diciembre de 2021 él estaría sin la consciencia tranquila y constantemente estaría deprimido y no podría dormir ni trabajar”, menciona el informe firmado por cinco efectivos policiales, uno de ellos el jefe de la División de Trata y Tráfico, teniente Boris Gutiérrez.
El reporte del investigador Callisaya, menciona que los otros uniformados que firman el documento son los tenientes José Jiménez Apaza, Lucero Rodríguez Calle, Jimena Montaño y los sargentos Moises Bravo y Ronald Hilari.
Pero el documento detalla que quienes entrevistan y reciben la supuesta “confesión” de Apaza, además de elaborar otro informe de acción directa, son el subteniente Saúl Germán Guzmán Mamani y el sargento Marcelo Rojas Apaza.
Estos detallan que Apaza confesó que, junto a otros dos varones, de nombres Denis y Ramiro, de los cuales desconocía sus apellidos, compraron dos combos (ron y refresco) y fueron a beber a su domicilio acompañados de Vanesa. Allí, en medio de la reunión, uno de los hombres golpeó a la joven en la cabeza y le quitó la vida.
Luego, Danis y Ramiro se llevaron el cuerpo en un taxi blanco y Apaza aseguró desconocer a donde lo llevaron y la ubicación de los dos hombres. Esta versión le fue filtrada a la madre de Vanesa quien dijo a los medios que lo único que quería era hallar el cuerpo de su hija para darle una cristiana sepultura.
Guzmán y Rojas afirmaron que debido a los detalles de “la confesión”, arrestaron a Apaza a las 23:00, coordinaron con dos fiscales y lo mantienen enmanillado en una de las sillas. Posteriormente, dos horas después, a la 01:00 del 8 de abril este pide ir al baño y es en ese momento que se “descompensa y convulsiona”, razón por la cual, con la autorización del jefe de seguridad de la Felcc, teniente Jesús Uzeda, Apaza es llevado a la unidad de Emergencias del Hospital de Clínicas.
Los dos uniformados manifestaron que el doctor de turno, Hugo Delgado Rivero, al momento de internar a Apaza, “refirió que se encontraba con signos vitales, posteriormente, personal de enfermería manifestaron que había perdido los signos vitales”, detalla el documento, con fin de hacer notar que la víctima perdió la vida en el hospital y no así en oficinas de la Felcc.
Las fiscales involucradas en el informe de los policías eran Neyva Choque, Daniela Cáceres y Roxana Carrizales. El certificado forense señala que Apaza perdió la vida por una “anoxia cerebral” raíz de una “asfixia mecánica por bronco aspiración”.
Sin embargo, varios puntos de la relación de hechos descritos por Aguilera y los policías que arrestaron a Apaza entran en contradicción con los datos recolectados por la Fiscalía y el personal de la Defensoría del Pueblo, que dejan en evidencia una serie de incongruencias, como los horarios y la versión de los médicos.
“Hemos obtenido ya la declaración de personas que afirman que el señor (Apaza) llegó muerto al Hospital de Clínicas, además de información de que en ese momento no se quiso otorgar (al personal médico) la identificación del fallecido ni de los policías que lo llevaron al nosocomio”, reveló la defensora interina, Nadia Cruz.
En esa línea, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, anunció el inicio de una investigación de oficio, sobre la muerte de Ángel Apaza, para lo cual ya se solicitaron una serie de informes, así como una copia de las cámaras de seguridad de la Felcc. Asimismo, Carrizales desmintió la versión de que fueron informadas del arresto de Apaza y que dicha información se les hizo conocer cuando el hombre ya estaba muerto y al menos 11 horas después de que se presentó a “confesar”.
Este medio consultó sobre la versión de Gutiérrez y las contradicciones develadas por la Defensoría del Pueblo y las fiscales. El oficial dijo que no daría ninguna otra declaración y que se ratificaba en los informes presentados ante el general Aguilera y que era este quien debía pronunciarse sobre el caso.
El investigador Callisaya, informó que Gutiérrez lo llamó a las 2:00 del 8 de abril, para que se presente a la Felcc, con el finde verificar el arresto de Apaza. El sargento se presentó a las 2:30 y se encontró con la noticia de la muerte del investigado por la desaparición de Vanesa, cuyo cuerpo ahora podría nunca ser hallado si fuera cierta la supuesta confesión que dio Apaza horas antes de morir.
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