La Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) dieron a conocer este lunes un proyecto de ley que busca la derogación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, sobre el decomiso de alimentos.
“Nuestra posición de derogar no puede ser interpretada de posición política ya que se ha expuesto que la disposición séptima es atentatoria a derechos constitucionales y va en contra del sector productivo y de abastecimiento”, dijo en conferencia de prensa el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Pablo Camacho.
La disposición séptima sobre el decomiso de productos está movilizando a empresarios y gremiales que dicen sentirse afectados por la norma.
Ante el anunció de movilizaciones por los sectores que observan la norma, desde el Ejecutivo pidieron a los empresarios privados presentar argumentos sobre su pedido de anular la disposición.
“A los empresarios les decimos que vengan al diálogo, que traigan los argumentos técnicos y legales que tienen para sustentar su posición que han asumido para contrastar ideas y buscar soluciones. La disposición séptima nunca fue concebida para afectar al sector gremial o productivo”, dijo el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.
Sin embargo, la anterior semana, el viceministro dijo que desde el Ejecutivo no tienen competencia para anular la norma que es observada por gremiales y empresarios.
Además, la autoridad dijo que entre el martes y jueves se convocará a los sectores interesados para tratar la reglamentación de la norma y que en este encuentro se deberá abordar las observaciones.
“Se han cursado invitaciones al sector privado entre ellas a la confederación de empresarios privados de Bolivia, Anapo, Acapo, y otras instituciones. Entre el martes y miércoles se va a esperar al sector empresarial y entre miércoles y jueves al sector gremial”, dijo.
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