Imputan a la exministra Lizárraga por el préstamo de armamento no letal de Ecuador

 

La Fiscalía General del Estado amplió imputación formal contra la exministra Roxana Lizárraga, por el préstamo de armamento no letal de Ecuador. Se la imputó por los delitos de tráfico ilícito de armas, tenencia, porte o portación de armas no convencionales e incumplimiento de deberes.

“En este caso, la comisión de fiscales emitió la ampliación de imputación formal en contra de Roxana Lizárraga, debido a que se ha identificado que el 15 de noviembre de 2019, en una reunión que sostenía juntamente con Arturo Murillo, Fernando López y Jeanine Añez, en Palacio de Gobierno, hubiera tomado contacto con personal policial de la República de Ecuador en el que acordó que ese país pueda facilitar armamentos, es decir equipos antimotín, gases y demás explosivos  que fueron internados a nuestro país de manera irregular”, afirmó el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, según un comunicado.

Dijo que el 25 de febrero de este año se citó mediante edicto con la imputación, pero Lizárraga no concurrió y por los tipos penales se realizará la tramitación correspondiente para la declaratoria de rebeldía y se habilitarán los canales procesales para su captura a nivel nacional e internacional.

El Ministerio Público emitió la imputación formal al Juez Décimo de Instrucción en lo Penal Cautelar del Tribunal Departamental de Justicia a La Paz, a quien se solicita la aplicación de medidas cautelares contra Lizárraga como la detención preventiva por seis meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.

Según el detalle, los agentes químicos que ingresaron a Bolivia consistieron en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectil de largo alcance calibre 37 milímetros, 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 milímetros y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.

La Fiscalía investiga a todos los involucrados en el préstamo y traslado de esos agentes químicos desde Ecuador durante los hechos de violencia de 2019. El acto fue presuntamente ejecutado sin cumplir protocolos ni normas para este tipo de actos, por eso se investiga el caso por el delito de tráfico de armas.

//FUENTE: PÁGINA SIETE//