El 28 de octubre se cumplen tres años del secuestro y tentativa de homicidio perpetrado contra 20 personas, entre policías, trabajadores de la propiedad Las Londras y siete periodistas. Los responsables de estos hechos delictivos fueron ampliamente identificados como dirigentes de los Interculturales, una de las organizaciones sociales del Movimiento Al Socialismo (MAS) y parte del denominado Pacto de Unidad.
Sin embargo, según el sistema de justicia boliviano, si hasta esa fecha no se inicia el juicio oral y contradictorio, se corre el riesgo de que los cinco acusados de dirigir la emboscada armada queden impunes, porque podrían pedir que el caso se archive, bajo el argumento de que una persona no puede estar procesada de forma indefinida, según la explicación de la abogada de los periodistas que fueron víctimas del hecho, Raquel Guerrero.
Luego de dos años, en medio de irregularidades que generaron retardación de justicia, se emitió una acusación final, con las conclusiones de la cuestionada investigación de la Fiscalía, documento que fue entregado en julio de 2023. Desde esa fecha, los miembros del Tribunal Primero de Concepción, Elvio Cuéllar Claure (juez técnico); Ramón J. Quiroga Yabeta (juez técnico); y la presidenta del tribunal, Rosa Victoria Copa Torrez, emitieron una serie de resoluciones, que no solo dilatan el inicio del juicio, sino que revictimizan y ponen en riesgo la vida de los periodistas, favoreciendo a los cabecillas de avasallamientos ilegales y líderes de los interculturales.
Guerrero señala que el esperado juicio simplemente no se inicia debido a que Cuéllar, Quiroga y Copa se niegan a autorizar que se notifique por edictos a los acusados. Los jueces solo autorizaron la publicación de edictos para dos de los sindicados, Martín Tejerina y Nicolás Ramírez Taboada, e insisten en que las víctimas deben ser quienes entreguen copias de las acusaciones en los domicilios de sus victimarios, que ese 28 de octubre les dispararon, torturaron y tuvieron secuestrados durante al menos siete horas.
Resoluciones
“Se tiene que los imputados Heber Sixto Canaza Sacaca, Paulino Camacho Vedia y Nelson Revadeneira Escalante se encuentran actualmente con medidas cautelares personales (detención domiciliaria), obtenidas a través de cesación a la detención preventiva, otorgada por el juez cautelar de Guarayos, por lo que no corresponde la notificación mediante edicto judicial. Conminándose nuevamente a la parte civil (las víctimas) y Ministerio Público a recoger las comisiones instruidas de secretaría, para realizar las notificaciones a los imputados”, señala la resolución emitida por los tres jueces el 24 de mayo de 2024.
El documento es la respuesta al memorial presentado, dos días antes, por el excamarógrafo de ATB, Percy Suárez, y la abogada Guerrero, que reiteraron que, luego de un año de la presentación de la acusación los jueces no cumplen con el inicio del juicio. En el documento, Suárez desmiente parte del informe de la secretaria del tribunal, Esther Amaru Calle, quien afirma que las víctimas conocen el domicilio de los dirigentes interculturales.
“Es insólito, hacer que las víctima viajen para notificar a quienes los torturaron, amenazaron de muerte y dispararon”, señaló la abogada Raquel Guerrero.
No obstante, Suárez remarca en su memorial el dato relevante en el informe de Amaru, quien asegura se lava las manos y se desentiende de su deber y sostiene que ella sola no puede notificar a los acusados, debido a que “no conoce los domicilios de los imputados, además que (las direcciones) son inexactas y (están en) lugares alejados”.
Asimismo, Amaru argumenta en su informe que no conoce a los imputados y que sola no podría identificarlos, además que las víctimas le advirtieron que se trata de personas peligrosas y las notificaciones deben ser ejecutadas por policías.
Al margen del lenguaje enrevesado, la falta de ortografía y sintaxis en los memoriales de jueces y fiscales, se puede decir que ellos justifican sus acciones en una serie de artículos de la ley penal boliviana, para justificar por qué otorgaron y permitieron que se den medidas sustitutivas o detención domiciliaria a los acusados. En la norma se señala que solo se concederán esos beneficios si el imputado cuenta con un domicilio legal y cuya ubicación esté correctamente identificada y ubicada, pero más importante, si no representa un “peligro efectivo” para la sociedad y la vida de las víctimas.
Con esa base, el cuestionamiento de la defensa hacia los jueces es obvio. Si una funcionaria judicial señala que los domicilios de los imputados no tienen una ubicación exacta, que se desconoce cómo poder encontrarlos o si cumplen con las medidas cautelares y que son “peligrosos”, ¿por qué siguen en libertad Canaza, Camacho y Revadeneira?
No hay garantías
“Es insólito, hacer que la víctima viaje a lugares desconocidos para notificar a quienes los torturaron, amenazaron de muerte y dispararon”, aseguró Guerrero.
Al ser consultado sobre el riesgo de que este caso sea archivado y los delincuentes queden impunes, el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, negó que esto pudiera suceder y afirmó que con la presentación de la acusación esa instancia ya cumplió con su deber.
Guerrero cuestionó esa afirmación. “Es que el fiscal Mariaca no hizo la ley, esa gente puede recurrir a lo que llamamos chicanas, pero que finalmente tienen un respaldo legal. En cambio, las víctimas no tienen ningún tipo de garantías para evitar nuevas agresiones o que los delitos cometidos en su contra queden impunes, pese a haber cumplido con todo lo que nos pidieron y haber sufrido una serie de dilaciones en la investigación”, mencionó.
Siete horas
Luego de casi tres años, para Percy las agresiones que se cometieron contra los periodistas, policías y propietarios de Las Londras parecen haber quedado olvidadas “por los mal llamados administradores de justicia”. El excamarógrafo de ATB, quien quedó sin trabajo pese a ser quien más insistió en que se sancionara a los secuestradores e impulsó la investigación, fue pieza clave para identificar a los dirigentes de los interculturales.
Además de él, ese 28 de octubre fueron secuestrados los miembros de los equipos de prensa de Unitel, Silvia Andrea Gómez López y Sergio Luis Martínez Galarza; de la Red Uno, Mauricio Égüez Simoné y Nicolás Alejandro García Iriarte; de PAT, Róger Ticona y de El Deber, Jorge Alberto Gutiérrez Ávila.
Todos llegaron al predio Las Londras por una invitación hecha por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), después de que en la jornada anterior se habían registrado enfrentamientos entre trabajadores de las haciendas y avasalladores, dejando un saldo de cuatro personas heridas de bala.
Con presencia policial y de los medios de comunicación, los propietarios creyeron que los avasalladores moderarían sus acciones, pero fue todo lo contrario. Luego de hacer una inspección, levantar los escombros que bloqueaban los accesos a ese predio, el comandante regional de la Policía, Rolando Torrico, dio un reporte a los periodistas.
Solo minutos después, ante el riesgo de un nuevo enfrentamiento, Torrico se dispuso a dialogar con los interculturales que se mantenían en apronte a unos 200 metros, con gritos y detonaciones de petardos.
Entonces el grupo de periodistas y los propietarios y trabajadores de Las Londras fueron emboscados por los miembros de un grupo armado, quienes cubriéndose el rostro con pañuelos comenzaron a disparar a los vehículos y a ordenar que los camarógrafos dejen de grabar. Fue en ese momento que, quien luego fue identificado como Paulino Camacho, apuntó a Suárez e instantes después le disparó a su cámara.
El camarógrafo relató que fue gracias a la pericia de uno de los técnicos del canal que se logró recuperar aquellas históricas imágenes del inicio de siete horas de secuestro y torturas.
Los datos del cuaderno de investigaciones señalan, cómo luego de ser llevados al campamento de los interculturales, golpearon a todos, que ni siquiera tuvieron miramientos con la periodista de Unitel, que los secuestradores caminaban sobre ellos, que los patearon e incluso el dirigente Nicolás Ramírez pisó la cabeza del coronel Torrico, cuando este yacía desmayado por los golpes.
Percy Suárez y la abogada Guerrero aún peregrinan con memoriales para explicar a los jueces del Tribunal de Sentencia de Concepción, que su postura está generando la posibilidad de que todos esos hechos criminales queden impunes.
- ///FUENTE: Visión 360///
