LUIS ANTEZANA
En semanas recientes el país registró una crisis política que duró 36 días y que estuvo por llegar a situaciones extremas. Esa crisis se produjo a raíz de del Decreto de realización del Censo nacional, disposición que causó la reacción airada de las autoridades de Santa Cruz y no menos de algunos departamentos del interior.
La oposición a dicho decreto empezó con una reacción política, considerando que el decreto no señalaba fecha de realización del censo. Enseguida, vino el debate sobre si el censo debía realizarse en el año 2024 o el 2023 y así conocer el padrón electoral del censo de 2016.
Frente a la intransigencia de las partes, incapaces de dar un paso atrás, el gobierno afirmó que no retrocedía ni un milímetro, mientras Santa Cruz pasó a la contraofensiva y anunció un ultimátum, indicando que si no se cumplía el deseo de realizar el censo en el próximo año, decretaría huelga general indefinida, amenaza que elevó la temperatura política.
Por su parte el Estado Plurinacional decidió pasar al ataque con un bloqueo a la capital oriental y suspender la exportación de sus productos. A la vez movilizó sobre esa ciudad de millón y medio de habitantes a sus huestes indígenas y grupos de la burocracia de departamentos del interior para cercar la urbe y someterla al hambre a fin de obtener su rendición. Se puede decir que en ese momento estalló lo que podía ser definido como “guerra caliente” entre Santa Cruz y el Estado.
En efecto, el gobierno cerró los caminos de ingreso a la capital cruceña y empezó una ofensiva con la movilización de unos dos mil efectivos policiales bien pertrechados, con el visible sentido de aplastar el movimiento.
El gobierno también amenazó con decretar Estado de sitio, acciones que determinaron que se agrave la situación, pues pobladores cruceños organizaron una contraofensiva, empezaron a movilizarse y armarse en diversas formas para enfrentar cualquier contingencia no imposible.
En efecto, el ataque oficial empezó a producirse y se registraron contraataques civiles contra policías en varios lugres de ciudad, como las rotondas. El enfrentamiento llegaba a altos niveles y los choques llegaron al rojo vivo, lo que hizo aparecer elementos que deseaban una tregua, pues preveían inminentes acciones más duras. Finalmente, los planes para convertir en campo de batalla la capital cruceña cedieron y la lucha se trasladó al Parlamento, en La Paz, donde se concilió para que el Censo se realice en el año 2024, aunque antes deberá realizarse una nueva distribución de escaños en el Congreso, punto al que se llegó en un acuerdo final, pese a la oposición de la bancada masista, y arreglos para la nueva distribución de recursos nacionales por departamentos. Estaba, entonces, a la vista la pacificación del país.
Pero, de pronto, pasada la posibilidad de una guerra caliente, la situación volvió a deteriorarse, para convertirse en una nueva ofensiva bélica, la guerra fría, con una serie de hechos entre Santa Cruz y el Estado. Efectivamente, fuerzas oficialistas, además de haber expresado su opinión en contra en el Congreso, volvieron a la carga con una serie de maniobras, entre ellas demandar la inconstitucionalidad de la Ley del Censo ante el Tribunal Constitucional, amenazar con juzgar a los líderes cruceños por diversos “delitos” y apresarlos en cualquier momento; eliminarlos del panorama político, tomar el control de la Gobernación oriental, y otros.
Pero el hecho más notable de esta guerra fría está en los asaltantes de tierras, que hacen de las suyas, al parecer con respaldo de algunos grupos políticos. Incendio que, de continuar, originará nuevos acontecimientos, porque los grandes problemas nacionales y locales, derivados de la Constitución, no han sido resueltos y solamente han sido agravados. En esa forma, son asaltadas numerosas haciendas en diversos lugares. La guerra fría no se detiene.
LUIS ANTEZANA ERGUETA
Escritor e Historiador
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