- Redacción VISOR21
El expresidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, fue sentenciado por el Tribunal Supremo de Justicia a de 6 años y 3 meses de cárcel, por el denominado caso de los petrocontratos que data de 2005. Bajo la misma figura fueron absueltos por determinación presidencial Carlos Mesa y Jorge Quiroga, que hoy todavía son potables candidatos de la oposición.
El diputado disidente de Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, recordó que el caso petrocontratos se manejó de forma política y en su momento Evo Morales, como presidente en funciones, emitió la amnistía para Mesa y Quiroga, ambos exdignatarios, luego de 13 años de un proceso que se ventilaba en Sucre y que fue catalogado en su momento como persecución política.
“Si @carlosdmesag y @tutoquiroga no serían cercanos al #Masismo, ¡HOY! estarían sentenciados junto con #Goni. @evoespueblo los benefició con el Decreto Presidencial 3682, dándoles amnistía”, citó Pedrazas en su cuenta de la red X.
El Decreto Presidencial emitido el 11 de octubre de 2018 tuvo como objeto “establecer la concesión de Amnistía, por razones de alto interés nacional, a los ex presidentes del Estado Plurinacional de Bolivia que, a la fecha de emisión del presente Decreto Presidencial, participan, apoyan y asesoran en la política exterior del Estado boliviano para el logro de un acceso libre y soberano al océano Pacífico”.
Sánchez de Lozada, quien radica en Estados Unidos desde la crisis de octubre de 2003, no ingresó en ese beneficio y el caso de los petrocontratos continuó en su contra hasta ahora.
Más allá de la sentencia, el diputado advirtió que no se tomó en cuenta etapas como la impugnación o la doble instancia, amabas figuras protegidas por la Convención Americana y el sistema interamericano de justicia.
“No vi que esto se haya cuidado durante el proceso, lo que puede derivar inclusive mañana en que sea demandado el Estado Boliviano y no solamente no se logre una sentencia efectiva sino que el Estado termine pagando recursos y dinero a quienes fueron víctimas de esta falta de debido proceso”, declaró.
Según la acusación, el expresidente firmó más de cien contratos petroleros sin la autorización del entonces Congreso Nacional entre 1993 y 2005, una acción que, según el juicio de responsabilidades activado, provocó un “daño económico al Estado”.
“Mediante voto mayoritario, falla lo siguiente: Declarando a los imputados Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada Bustamante, como también Jorge Joaquín Berindoague Alcocer además de Carlos Alberto Contreras de Solar, Carlos Alberto López Quiroga autores de la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”, fue la parte conclusiva de la sentencia leída ayer por el magistrado del TSJ, Olvis Egüez.
El ministro de Justicia, César Siles, interpretó que ese “daño económico” derivó en que el país suscribiera contratos con las transnacionales petroleras con una distribución de 18% para el Estado y 82% para las empresas. Por ello, anunció que se buscará la “reparación económica” pidiendo que se congelen las cuentas y se embarguen los bienes de Sánchez de Lozada en EEUU.
Siles adelantó que Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presentarán la demanda internacional para la reparación, “cuantificando el daño económico en base a auditoría o documentos que sustenten el monto”.
Sánchez de Lozada, con 94 años de edad cumplidos, renunció a la Presidencia en octubre de 2003 luego de la denominada “guerra del gas” que hoy es catalogada como un golpe de Estado que incluyó a Morales como autor intelectual y a Mesa como cómplice de los hechos. Las más de 60 muertes por la intervención militar de esas jornadas, llevaron a otro proceso contra Goni y su exministro Carlos Sánchez Berzaín, que terminó en EEUU con una sentencia de reparación económica para las familias de las víctimas.
En casi 20 años de gobierno del MAS, el proceso de extradición de ambos exjefes del MNR nunca avanzó en Bolivia y menos en el país del norte.
