Los abogados de los exjefes militares encarcelados revelaron que existe una presión e intromisión del Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, para que vayan a juicio abreviado y se inculpen por el caso del supuesto golpe de Estado II.
El coronel Jorge Santistevan, representante de los militares del servicio pasivo, fue abogado de dos excomandantes y representa a las familias de algunos militares. Dijo que “obviamente que están presionando y eso nosotros lo sabemos desde diciembre”, y se conoce el interés que tiene el Gobierno para que los uniformados se inculpen. Negó que el exjefe del Ejército Pastor Mendieta se haya acogido a un juicio abreviado, como se mencionó.
Según varios abogados, el personal del Ministerio de Justicia, la Fiscalía y las supuestas víctimas se acercaron a los militares detenidos y a sus familias para proponerles que se sometan a un juicio abreviado, tal como lo solicitaron el excomandante de la Armada Palmiro Jarjury y el excomandante de la Fuerza Aérea (FAB) Gonzalo Terceros.
“Antes de que se emita el respectivo pliego acusatorio (del caso Golpe II), hace unos dos meses, se contactaron con familiares de mi cliente para pedirles que (Pastor Mendieta) se vaya a un procedimiento abreviado (…) Sin embargo, el general Mendieta, por el honor que lo caracteriza, se negó a esa oferta, él decidió ir a juicio y demostrar su inocencia, porque no cometió ningún delito”, reveló Juan Javier Peñaloza, abogado del excomandante del Ejército.}
El jurista calificó de “alarmante” la actitud del ministro de Justicia, Iván Lima, porque considera que “como siempre se adelantó a emitir un criterio” al decir que Terceros y Jarjury ya presentaron sus peticiones de juicio abreviado, cuando el documento de esa solicitud aún no cursa en el expediente de la Fiscalía.
Para Lima “si es que ambos exjefes militares lo solicitan (el abreviado), se habrá confirmado que hubo un golpe de Estado en 2019. Mostrará que hubo una estrategia que comenzó en Trinidad, tres días antes de que ella (la expresidenta Jeanine Áñez) asuma, que hubo militares que la protegieron en su llegada y un procedimiento para sacar la medalla presidencial”.
Sin embargo, Peñaloza dijo que es preocupante que Lima asuma el papel de la Fiscalía y dirija los actos procesales, y luego, en diferentes declaraciones, diga que no hay “intromisión del Gobierno”.
“Lo alarmante de todo esto es que una vez que el ministro Lima hizo el anuncio (el viernes), revisamos el portafolio digital de la Fiscalía y verificamos que no existe (hasta ayer) ninguna solicitud de dicho procedimiento (…) Pero el ministro sabe más que los fiscales sobre lo que sucede o no con el caso”, cuestionó el abogado Peñaloza.
Por su lado, Roger Valverde, abogado del exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (FFAA) Gustavo Arce también confirmó que personal del Ministerio de Justicia se acercó a su cliente para hacerle la misma “propuesta”, de someterse a un juicio abreviado. “Por el momento”, subrayó el jurista, Arce desistió de la idea de inculparse de un delito que no cometió.
Explicó que el proceso abreviado debe ser analizado por las connotaciones legales que implica, debido a que el Gobierno persigue a su cliente en otros dos casos y eso genera desconfianza por la actitud que puedan tomar contra él más adelante.
“Es complicado para él (Arce) debido a que es un militar de honor, ha llegado a ese cargo en las FFAA a través de todo el sacrificio y esfuerzo en su vida personal y la de su familia. Reitera que no ha cometido ningún delito y no estaría en condiciones de someterse a un procedimiento abreviado”, manifestó el abogado.
Explicó que Arce tiene otros dos procesos en su contra. El primero por el supuesto golpe de Estado I, que lo inició la exdiputada Lidia Patty por el delito de terrorismo, que en criterio de los abogados trata la misma relación de hechos que el caso “Golpe II”, por lo que consideran ilegal el inicio del juicio en ese proceso.
Un segundo caso por el que Arce ya fue convocado a declarar es el de una presunta complicidad en un homicidio, del que no brindó más detalles. Valverde señaló que si su cliente logra un acuerdo para un juicio abreviado, de todas maneras se quedará un antecedente penal que perjudicaría su defensa en los otros procesos judiciales, hecho que genera una gran desconfianza en el militar.
Por su lado, el abogado de la expresidenta Añez, Alain de Canedo, calificó de inconcebible la actitud de Lima por interferir en las determinaciones que deben asumir jueces y fiscales.
“En cualquier país en el que se precie la democracia y se respete el Estado de Derecho, el Órgano Ejecutivo no interviene en la administración de justicia. (…) Lamentablemente en nuestro país se ha convertido en uso corriente de que el Ejecutivo asuma las decisiones, la posición de la justicia, es algo inconcebible”, manifestó.
Los abogados de Mendieta y Arce explicaron que de existir un pedido de procedimiento abreviado, también debe existir un acuerdo con las supuestas víctimas y los denunciantes, en el que esté negociado un acuerdo sobre la pena que se emitirá en su contra.
Hasta ayer la Fiscalía no confirmó si aceptó el pedido de juicio abreviado de Terceros y Jarjury.
//FUENTE: PÁGINA SIETE//
