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El conflicto del censo se mantendrá vigente hasta que se defina una mesa técnica, condicionada a la resolución que se tome mañana en Santa Cruz, posiblemente con un cabildo. El Gobierno mantiene su propuesta de abril de 2024, mientras el resto planteó octubre de 2023.
La extensa reunión entre el Gobierno y las autoridades subnacionales desarrollada en Cochabamba terminó con la decisión del Comité Interinstitucional de Santa Cruz de llevar las conclusiones y propuestas para ser evaluada por sus organizaciones sin descartar la convocatoria a otro cabildo en medio del paro indefinido que se extiende en el oriente, tal como manifestó el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar.
“Nos vamos con las manos vacías. Se presentaron cuatro propuestas, entre ellas la nuestra, sin embargo, ninguna fue considerada”, declaró el rector quien ratificó que el paro se mantiene en Santa Cruz.
Esa acción fue criticada por los representantes gubernamentales, porque consideran que el rector no tuvo poder de decisión en ausencia del gobernador Luis Fernando Camacho.
A su vez, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, informó que 85 por ciento de los asistentes, entre gobernadores y alcaldes de todo el país, “se ha manifestado de acuerdo con que el censo se realice hasta primer semestre de 2024, en abril, los datos preliminares en septiembre y la redistribución de recursos en octubre del mismo año”.
En contraste, calificó como “capricho político” la postura de realizar el censo en octubre de 2023, pese a que esa propuesta cruceña fue secundada por otras autoridades como los alcaldes de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández, y de La Paz, Iván Arias.
El Gobierno esperará la decisión del comité cruceño de mañana y en un plazo máximo de 30 días se establecerá la mesa técnica para definir la fecha final de la realización del censo. Si los cívicos mantienen las medidas de presión, acotó Ruiz, se procederá con la propuesta gubernamental de abril 2024.
A su vez, el alcalde paceño destacó que existe un acuerdo para que las conclusiones del censo puedan ser aplicadas en 180 días, independientemente de la fecha final que surja de la mesa técnica. Asimismo, cuestionó al Instituto Nacional de Estadística (INE), entidad encargada de realizar este proceso cada diez años por mandato constitucional.
“El INE lo único que debe hacer en su existencia es hacer censos y estadísticas; el año 2012 ya tuvo que estar preparando el censo de 2022, el Gobierno en 2021 declaró prioridad nacional el censo, por qué tanto tiempo para preparar cuando otras veces se necesitó menos tiempo”, cuestionó Arias.
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, había anticipado que la reunión debía generar la pacificación del país, pues esperar más tiempo llevaría a la incertidumbre de la población.
Durante la reunión, que no tuvo medios de comunicación ni celulares activados, trascendió la postura progubernamental de los representantes de occidente como el gobernador paceño Santos Quispe o la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, que se alinearon a las conclusiones del nivel central.
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