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De acuerdo con las proyecciones del Presupuesto General del Estado 2023 (PGE), para llevar adelante la política social que impulsa el Gobierno, se planificó destinar Bs 7.410 millones; Bs 611 millones más con respecto a la presente gestión.
En la actualidad son cinco los bonos sociales: Renta Dignidad, Juana Azurduy, Universal Prenatal, Juancito Pinto y para las personas con discapacidad grave y muy grave. En su conjunto, atienden las necesidades de más de cuatro millones de personas.
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, recordaron que los objetivos del PGE 2023, a parte de garantizar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas., profundizan el proceso de industrialización con sustitución de importaciones, fortalecer el aparato productivo con políticas de incentivo y fomento a la productividad, una de las principales preocupaciones de la administración del presidente Luis Arce, es continuar con la ejecución de políticas sociales con la redistribución de excedentes.
Es en este aspecto que Mauricio Ríos García, analista económico, se pregunta cuáles son esos excedentes, dónde se los identifica en el PGE 2023, por lo que considera que esta asignación de recursos para los bonos sociales no se sustenta en datos creíbles.
“El primer elemento para elaborar este tipo de proyecciones está ausente, pues no está el precio del petróleo. Es decir no se sabe cuál es el valor del barril del petróleo que han proyectado para 2023”, observó Ríos.
A su criterio, el único sector productivo que se encuentra en buenas condiciones es el financiero y los recursos que maneja que no son de libre disponibilidad, pero según su cálculo, es muy probable que el Gobierno lo disponga sin el consentimiento explícito de los beneficiarios son los depósitos que en la actualidad están en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Esto permitiría al Ejecutivo contar con dinero para cubrir el gasto corriente, el gasto estructural de las empresas públicas y la política de los bonos sociales.
Ríos también avizora que otra fuente para captar recursos sería una nueva emisión de Bonos Soberanos por $us 2.000 millones, aunque el analista se mostró poco optimista con que esto funcione ya que en la primera emisión los resultados no fueron los mejores.
El economista Germán Molina precisó que el incremento de los recursos para los bonos sociales se explica por el crecimiento vegetativo de los beneficiarios, en particular con los que perciben la Renta Dignidad ya que las personas que en esta gestión tienen 59 años, en 2023 cumplirán 60 y por ende tendrán derecho a percibir este beneficio social, puntualizó Molina.
Una situación similar sucede con los niños que se benefician con el Juancito Pinto, pues en 2023 una nueva cantidad de ellos ingresará al sistema educativo y calificarán para percibir esta asistencia social, lo mismo pasa con las nuevas madres en gestación y con aquellos que cobran el bono por discapacidad, indicó Molina, que considera que esta política social con sectores de bajos ingresos es destacable.
Molina hizo notar que históricamente el financiamiento de los bonos estuvo a cargo de las principales empresas estatales que registraban utilidades, también el Banco Central de Bolivia hace algunos depósitos para estos bonos, sin embargo, el economista observó que cada vez es más complicado contar con estos recursos.
“Esto se debe a que está declinando la activad económica. Por lo tanto, estas fuentes de ingresos que financian los bonos tienen dificultad para cubrir los gastos para la próxima gestión. Además, si bien es cierto uno debe tener un programa social, también lo es que este dinero podría ser invertido para mejorar el aparato productivo del país. Se acabó el espacio fiscal para el Gobierno por lo que ahora debe recurrir a otras fuentes para financiar este compromiso social”, señaló Molina.
El alcance de los bonos
El pago de la Renta Dignidad es el que más recursos demanda, pues en 2022 fueron Bs 5.834 millones y para la próxima gestión se calcula que se precisarán Bs 6.424 millones, en importancia de desembolso le sigue el Juancito Pinto que para 2023 precisará Bs 473 millones, cuando en 2022 se destinaron Bs 479 millones.
El bono Juan Azurduy para este año presupuestó Bs 166 millones para beneficiar a 224.857 mujeres, mientras que para 2023 se prevé destinar Bs 187 millones.
Jhony Mercado, expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, sostuvo que el perfil del Gobierno es la de una administración que toma en cuenta a los sectores más vulnerables o de menores recursos y le asigna un bono que ya no solo se puede cubrir con el cobro de los impuestos, sino que se debe recurrir a otras fuentes de financiamiento.
Mercado alertó que de seguir manteniendo esta política social es provocar un escenario donde el Gobierno se encuentra ‘secuestrado’ por sus propias promesas, cuando a su criterio, la lógica debe indicar que a esos grupos de menores ingresos lo más adecuado es ofrecerles oportunidades a mediano y largo plazo que se traducen en puestos de trabajos, programas de capacitación y no solo quedarse en el rol de un Estado de bienestar que da dinero, subrayó Mercado.
La aprobación del PGE 2023
Con la urgencia de que el PGE 2023 debe ser aprobado, hasta el 31 de diciembre, por la Asamblea Legislativa, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas se preparan para debatir el proyecto de Ley Financial.
Se pudo saber que aún no hay convocatoria a sesión y los parlamentarios opositores desconocen el contenido del documento que debe ser aprobado en la Asamblea Legislativa hasta fin de año.
Sin embargo, una vez que el pleno de la Cámara de Senadores aprobó en grande y detalle, el proyecto de Ley del Censo y lo remitió al presidente Luis Arce para que su promulgación, se espera que el PGE para la próxima gestión sea tratado en Diputados.
El Gobierno estableció en el PGE 2023 un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4,86%. Una inversión pública de $us 4.006 millones, estima un déficit del -7,49% menor al previsto en 2022.
“Los principales supuestos del PGE en términos macroeconómicos es una tasa de crecimiento del 4,86%, una tasa de inflación del 3,57%, en el balance fiscal un déficit del -7,49% y en términos de tipo de cambio promedio, mantener la política cambiaria que hemos venido llevando a lo largo de estos años”, detalló días pasado, Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas.
El pago de sueldos y salarios para el sector magisterio y salud acapara el 47% del presupuesto destinado a este fin dentro del aparato estatal.
Según el PGE 2023, de un total de Bs 47.253 millones contemplados para pagar sueldos y salarios en el sector público, Bs 22.178 millones se destinarán a estos dos sectores.
El pago de sueldos y salarios a los funcionarios de la Policía y de las Fuerzas Armadas representa un 11,2% de los recursos destinados a este fin; en 2023 serán Bs 5.294 millones.
Otro aspecto para destacar es que el Ejecutivo tiene asignados el 85% de los ingresos del PGE 2023. Esa concentración de recursos se desgrana de la siguiente forma. El 55% del presupuesto consolidado de ingresos lo absorben los órganos de Estado y el 30%, las empresas estatales. El 15% restante corresponde a los gobiernos municipales, departamentales, universidades públicas, entidades descentralizadas y otros.
El economista tarijeño Fernando Romero remarcó que el Gobierno se queda con el 85% de los ingresos y gasta el 66% del mismo. Algo similar sucede con el PGE 2022, no se observan variaciones significativas y por el contrario se registra el aumento en los totales de los presupuestos, donde el Estado central sigue siendo el principal agente económico del país.
//FUENTE: EL DEBER//
