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El gobernador de Idaho, Brad Little, firmó el miércoles un proyecto de ley que ilegaliza que un adulto ayude a una menor a abortar sin el consentimiento de sus padres.
La ley es la primera de este tipo en Estados Unidos y tipifica un nuevo delito, el “tráfico de abortos”, que prohíbe que un adulto obtenga píldoras abortivas para una menor o “reclute, aloje o transporte a la menor embarazada” sin el consentimiento de sus padres o tutores.
Los culpables de infringir esta ley enfrentarán penas de entre dos y cinco años de cárcel y podrán ser demandados por los padres o tutores de la menor. Los padres culpables de violar a su hija no podrán denunciar, aunque las sanciones penales para quien la haya ayudado a abortar seguirán vigentes.
Para evitar limitar el derecho constitucional a viajar a otro estado, la ley de Idaho ilegaliza únicamente el tramo del viaje que transcurre dentro de sus fronteras hacia una clínica fuera.
Los contrarios a la norma han prometido una batalla legal.
“Una vez más, el gobernador de Idaho ha ignorado a sus electores y ha promulgado la ley HB 242, tipificando el primer delito del llamado ‘tráfico de abortos’ a nivel nacional. Esta ley es despreciable y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para frenarla”, dijo el director estatal de Planned Parenthood Alliance Advocates-West para Idaho el miércoles en Twitter.
Idaho es uno de los 13 estados que ya prohíben de facto el aborto en todas las fases del embarazo, y es uno de los pocos con leyes que castigan a quienes ayudan a personas de cualquier edad en el proceso.
Los líderes estatales de Washington, Oregon y California han presentado la Costa Oeste como un lugar seguro para los procedimientos abortivos, y los legisladores de Oregon y Washington estudian proyectos de ley que protejan a los proveedores y a las pacientes de cualquier responsabilidad penal. El de Oregon permitiría que los profesionales practicasen abortos con independencia de la edad y, en determinados casos, les prohibiría revelar esa información a los padres.
Treinta y seis estados exigen la participación de los padres en la decisión de una menor de abortar, aunque la mayoría contemplan excepciones para casos como urgencias médicas, según el Instituto Guttmacher, un centro de investigación que respalda el derecho al aborto.
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