La dirigencia de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) mantiene reuniones este lunes con asambleístas nacionales con miras a impulsar una propuesta de pausa en la revisión de la Función Social (FS) y Función Económica Social (FES) en materia agraria en la actual agenda de la Asamblea Legislativa.
El encuentro se lleva delante de manera simultánea en Beni y Santa Cruz, previendo concluir en horas de las tarde, donde se darán las conclusiones, de acuerdo con el reporte de la entidad productiva.
“El sector demanda al Gobierno señales fuertes y firmes sobre la seguridad jurídica que garantice la seguridad alimentaria del país para la tranquilidad de cientos de miles de familias bolivianas que se verían afectadas con una escasez de alimentos”, reza el reporte de Congabol.
La Constituciòn Polìtica del Estado establece que la función económica social debe entenderse como el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. La propiedad empresarial está sujeta a revisión de acuerdo con la ley, para verificar el cumplimiento de la función económica y social.
Si bien no trascendieron los detalles de la propuesta que manejan los ganaderos o los pormenores de la solicitud, desde la institución remarcaron que el sector agropecuario se encuentra en riesgo “a causa de la inseguridad jurídica provocada por la posible aprobación de leyes y decretos supremos que atentan contra el sector”.
El presidente de Congabol, Hernán Julio Nogales, sostuvo en la primera parte de la reunión que participaron 15 diputados y dos senadores, así como representantes de pueblos indígenas, el Comité Cívico del Beni, la CAO y representantes del sector agropecuario.
Por su parte, desde Santa Cruz, el vicepresidente de la Confederación, Walter Ruiz, enfatizó la importancia de discutir e ingresar un proyecto de ley con urgencia en el plenario para su inmediato tratamiento respectivo para que se garantice la seguridad jurídica al sector y, por ende, proteja seguridad alimentaria del país.
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