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El expresidente Alberto Fujimori, salió de prisión al finalizar la tarde del miércoles tras la restitución de un indulto humanitario, pese al pedido que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al gobierno peruano de abstenerse de ejecutar dicho beneficio.
En Instituto Nacional Penitenciario comunicó horas antes que cumpliría con el mandato del Tribunal Constitucional de dejar en libertad a Fujimori, en el último capítulo de una vertiginosa saga legal sobre el caso.
Más temprano, el presidente de la Corte IDH pidió a Perú detener el indulto hasta tener “todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones” que exige el beneficio, según una resolución.
Miembros del gabinete ministerial de la presidenta Dina Boluarte, cuya popularidad ha caído a un dígito -su nivel más bajo en un año de gestión tras la destitución de su antecesor Pedro Castillo– sostuvieron una serie de reuniones para ver el tema; sin embargo, hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial.
Imágenes de la televisión estatal mostraron a Fujimori saliendo de la cárcel caminando con ayuda de un bastón y usando mascarilla. Sus hijos Keiko y Kenji Fujimori, lo esperaban y tras abrazarlo lo ayudaron a subir al vehículo.
El Tribunal Constitucional restituyó esta semana el indulto a Fujimori que fue concedido por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en la Navidad del 2017. El indulto había sido anulado o suspendido varias veces por tribunales menores tras la presión de la Corte IDH y de los familiares de las víctimas de abusos.
Tras el anuncio del indulto, decenas de peruanos salieron a las calles para celebrar la medida, mientras que otros la rechazan, en una situación que vuelve a polarizar al país sudamericano.
La liberación se produciría además mientras Perú transita por una nueva turbulencia política, luego de que la Fiscal General denunciara constitucionalmente ante el Congreso a la presidenta Boluarte, por las decenas de muertes durante las protestas antigubernamentales a fines del año pasado y comienzos del 2023.
Fujimori fue condenado por haber sido autor mediato de la matanza de 25 personas en los casos Barrios Altos en 1991 y la Universidad La Cantuta en 1992, ocurridos mientras su Gobierno luchaba contra la guerrilla izquierdista de Sendero Luminoso.
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