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Como si la tortura no hubiera sido suficiente cuando estuvo vivo, el Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) bajo la dirección de Delicia Rossío López, continúa con la persecución penal y política en contra de Marco Antonio Aramayo, quien falleció en abril de 2022.
La institución estatal, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se querelló contra Aramayo por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes e incumplimiento de contratos y otros, en el proyecto de Apoyo a la cadena productiva camélida mediante alambrado de campos de pastoreo y compra de jañachus para el manejo productivo de llamas en el ayllu Pumasara, de acuerdo con el documento al que accedió la ANF.
Por los mismos delitos se añaden el proyecto Apoyo con la implementación de un centro de acopio de café en la colonia Unión Tunari-Taipiplaya; el proyecto Manejo y conservación de los recursos naturales para el mejoramiento de la producción de camélidos en ayllus de Choquecota marka; y el proyecto Apoyo a la producción agropecuaria integral de desarrollo para el Consejo Regional Tsimane, Mosetenes, Reserva de Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas.
La denuncia en estos mismos casos y por los mismos presuntos delitos va contra de Eugenio Rojas, exministro de Desarrollo Rural y Tierras y exsenador del MAS, quien falleció durante la pandemia del Covid-19, en julio de 2020.
Antonio Aramayo, pasó siete años de su vida en prisión, fue detenido tras el escándalo de las irregularidades con las que se manejó el entonces Fondo Indígena, en el gobierno de Evo Morales. Se detectó proyectos fantasmas, inconclusos, desembolsos a dirigentes y responsables de proyectos sin justificación, entre otros.
En 2015, Aramayo se presentó a la Fiscalía de manera voluntaria para coadyuvar en las investigaciones, más aún, porque cuando ejerció como director del Fondo Indígena presentó un informe en el que ya había alertado sobre los problemas e irregularidades, pero nadie tomó en cuenta sus observaciones.
Pese a este hecho, la Fiscalía lo detuvo. Aramayo reveló a quiénes había beneficiado el manejo irregular de esa entidad, acusó en particular a la exministra Nemesia Achacollo, estrecha colaboradora de Morales en su gabinete, y a los miembros del Directorio conformado por dirigentes de las organizaciones afines al MAS.
A partir de ese momento la Fiscalía abrió uno y otro proceso en su contra, que llegaron hasta 256. Murió acosado y perseguido penal y políticamente en abril de 2022. A Achacollo le iniciaron solo un proceso y ahora se defiende en libertad.
Ahora, nuevamente, el FDI se querella en contra de Aramayo y Rojas; no obstante el Código de Procedimiento Penal prevé la extinción de la acción penal en caso de muerte del imputado; es decir, ya en fase de investigación, en este caso se trata de personas ya fallecidas.
//FUENTE: ANF//
