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La comisión de fiscales a cargo de Omar Mejillones sumó seis delitos al caso ‘Golpe I’ y pidió otros cuatro meses de detención preventiva contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recluido desde el 30 de diciembre en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
El juez del caso remitió al gobernador Camacho a la cárcel solo por el cargo de terrorismo pero, de acuerdo con el requerimiento al que tuvo acceso EL DEBER, ahora los fiscales piden que sea procesado por “financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación publica a delinquir, asociación delictuosa y uso indebido de servicios públicos”.
La solicitud fue planteada el 20 de abril al juez anticorrupción Mario Elmer Laura Picavia y este viernes se hicieron las notificaciones a las partes, aunque ese documento aún no ingresó al sistema informático del Órgano Judicial. Tras esta presentación, la autoridad debe fijar hora y fecha para que se dilucide la fecha de audiencia de medidas cautelares.
La imputación fue presentada ante el juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción de La Paz a última hora de la tarde de este viernes, confirmó el abogado defensor del gobernador cruceño, Martín Camacho. “Hay un afán de mantenerlo privado ilegalmente de libertad de manera indefinida”, reclamó.
La detención preventiva dictaminada a finales de diciembre contra Camacho vence este 30 de abril. La Fiscalía ya pidió una ampliación de seis meses, pero esto fue denegado en febrero. Ahora, con la nueva acción legal se solicita más tiempo de reclusión preventiva.
Esta semana, pero en otro caso, el juez Primo Flores intentó llevar adelante una audiencia cautelar con un pedido de seis meses de prisión preventiva contra Camacho. Esa vista judicial se postergó hasta mayo, pero será con otra autoridad judicial que vea el caso porque Flores fue recusado por la defensa.
Además de este caso, Camacho fue imputado por el caso ‘decretazo’ y la Fiscalía también pidió 180 días de prisión, pero en el penal de Palmasola en Santa Cruz. La autoridad cruceña declaró, asimismo, por el paro de los 36 días, pero aún no hay un requerimiento fiscal.
El mayor cargo que tiene Camacho tiene que ver con la movilización ciudadana que se dio en entre octubre y noviembre de 2019. El Gobierno lo acusa de haber pactado con militares y policías para pedir la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
Una misión de observación electoral de Organización de Estados Americanos (OEA) no pudo validar los resultados con los que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) proclamó vencedor a Evo Morales porque halló manipulación en la transferencia de datos, entre otras irregularidades.
Morales había pedido esa misión a la OEA ante las dudas de los resultados. Tras el informe, Morales renunció en medio de una ola de protestas que se dieron en todo el país.
//FUENTE: EL DEBER//
