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El Ministerio Público presentó la acusación formal en contra de ocho personas investigadas por el caso de los “respiradores chinos”, entre ellas la exministra de salud Eidy Roca, quien lucha contra una enfermedad que ha debilitado su salud.
Los sindicados son procesados por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y delitos contra la salud.
La Fiscalía anuncio este martes que pedirán 10 años de cárcel para los acusados en este caso que está vinculado con la compra de los respiradores en 2020 para atender la emergencia generada por la pandemia de la Covid-19 durante el gobierno de transición de la Presidenta Jeanine Añez, que está encarcelada por el caso “golpe II” referido a la crisis de 2019.
La exministra Roca afronta un proceso por la compra de respiradores chinos durante la gestión transitoria de Jeanine Áñez.
En abril de este año, reveló que durante dos meses fue tratada por un cuadro de Parkinson. En noviembre del pasado año le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en una fase avanzada y demencia pronto temporal que derivó de un caso de covid.
“No voy a abundar sobre mi enfermedad. Solo recordar que tuve COVID-19 en 2020 y que me quedaron secuelas que afectaron todo mi organismo y ahora, con una esclerosis irreversible, que me obliga, por ejemplo, a recibir alimento por una sonda conectada al estómago”, relata Roca en el audiovisual.
El tratamiento
En mayo de este año, y después de un extenso trámite para levantar su arraigo y enviar una carta al presidente Luis Are para ese fin, Roca pudo salir del país para recibir tratamiento especializado en Argentina.
En la carta que envió al presidente Arce, Roca defiende su inocencia y asegura que “el informe de la comisión calificadora llegó 20 días después de dicha entrega y el día que yo asumía el Ministerio”.
“El dilema que yo tuve que enfrentar era: devolver los respiradores y resolver el contrato o buscar solución y distribuir los otros que estaban llegando”, señala en el documento.
Debido a la emergencia mundial, la demanda por respiradores y otros insumos para combatir la pandemia era elevada.
El caso
En este caso, el Ministerio Público informó que emitió la acusación formal con 38 pruebas testificales y 53 documentales que fueron colectadas durante la etapa preparatoria, entre ellas, el dictamen pericial de auditoría forense que identifica las presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de los ventiladores pulmonares, informes técnicos que revelan que los mismos no contaban con las especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor, así como un dictamen pericial emitido por un especialista-técnico que estableció que los ventiladores pulmonares no son aptos para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), ni para tratar pacientes críticos a causa del Covid-19, entre otras.
El director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aldrin Barrientos, explicó que, a pesar de tener conocimiento de este antecedente, se suscribió una segunda enmienda al contrato de adquisición, el cual no aceleraba el periodo de entrega, ni reducía el valor del contrato o mejoraba la calidad, eficiencia o sostenibilidad de los equipos, ni ningún otro beneficio para el Estado, al contrario, se continuó con la adquisición de los respiradores que no cumplían los requerimientos técnicos.
“Se ha presentado la acusación formal por los delitos de Contratos Lesivos al Estado, Conducta Antieconómica, Incumplimiento de Deberes y Delitos Contra la Salud Pública en contra de la exministra de Salud, María E. R. J., el exviceministro de Salud, Elías R. C. C., el exasesor Jurídico del Ministerio de Salud, Jorge S. C., la exdirectora de Servicios Generales del Ministerio de Salud, Graciela M. R., el exjefe de Unidad de Redes y Servicios de Salud, Juan C. A. T., el exjefe de Unidad Financiera, Marco A. P. I., la exconsultora del Ministerio de Salud, Vania V. G., y el representante legal de la Empresa Grupo AGEM, Eduardo D. P.”, indicó.
