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Luis Guillén, abogado de Jeanine Añez, consideró que la imputación de la Fiscalía en el caso Senkata ha comprometido su objetividad, debido a que caracteriza las movilizaciones de noviembre de 2019 como “pacíficas” lo cual –en criterio del jurista- no condice con la realidad.
En la imputación por genocidio se sindica a Añez por la represión del 19 de noviembre de 2019, en proximidades de la planta de YPFB en Senkata, en contra de “personas civiles desarmadas, quienes ejercían su derecho a la protesta pacífica”.
El abogado Guillén negó que la protesta en Senkata haya sido pacífica, puesto que impedía el abastecimiento de combustible desde la planta de YPFB. También indicó que se tocaba las puertas a los vecinos para salir a la manifestación y se les amenazaba con quemar sus casas.
Recordó que, de acuerdo con el Código Procedimiento Penal se establece que no se puede poner adjetivos en la imputación, porque compromete la objetividad de la investigación.
Consideró una “vergüenza” que la comisión de fiscales califique de protesta pacífica a la manifestación de Senkata. Señaló que, con esa imputación, se demuestra que la investigación está direccionada y no es objetiva.
De todas maneras, el abogado refirió que la expresidenta Jeanine Añez ya ha desconocido la competencia de la comisión de fiscales y el juez ordinario para procesarla en el caso Senkata, puesto que considera que le corresponde juicio de responsabilidades.
En este caso se investigan los hechos de 2019, cuando movilizados en El Alto protestaban contra la asunción de Añez bloqueando la planta de Senkata. Entonces, el 19 de noviembre, un operativo para sacar combustible de esas instalaciones dejó el saldo de 10 muertos y varios heridos.
“La denunciada JEANINE ANEZ CHAVEZ, asumiendo el control sobre las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, como Capitana General de las Fuerzas Armadas y con Mando absoluto en el caso de la Policía Boliviana, en fecha 19 de noviembre de 2019, procedió a la represión de sectores sociales en la ciudad de El Alto en proximidades de la planta YPFB-SENKATA, y personas civiles desarmadas, quienes ejercían su derecho a la protesta pacífica, por lo que se tiene demostrado el uso de fuerza innecesaria y desproporcional por parte de las fuerzas del orden, quienes realizaron operativos conjuntos Militares Policiales con esta finalidad, respaldados en el Decreto Supremo 4078”, dice la imputación de la Fiscalía.
//FUENTE: ERBOL//
