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La fiscalía peruana archivó el martes una investigación por genocidio contra la presidenta Dina Boluarte pero mantuvo la indagación por homicidio y lesiones tras las protestas al inicio de su gestión en reclamo de su renuncia, que dejaron 50 muertos y centenares de heridos.
El abogado de la mandataria Joseph Campos dijo a la radio local RPP que la fiscalía había partido en dos el expediente. “Se va a seguir investigando” a Boluarte por homicidio y lesiones graves “y por otro lado se ha ordenado el archivamiento por el delito de genocidio”, indicó.
Campos añadió que la investigación por el delito de genocidio no podía continuar porque la idea de una “imputación tan grave” no configura los elementos de un genocidio. El código penal peruano castiga el genocidio con una pena de cárcel no menor de 20 años y lo califica como la matanza de personas “con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, social o religioso”.
Boluarte es investigada por la fiscalía desde inicios de 2023 luego de que se iniciaron las protestas que exigían su renuncia poco después del inicio de su gestión el 7 de diciembre de 2022.
La mandataria asumió después de que el Congreso destituyó al entonces presidente Pedro Castillo, quien poco antes había intentado cerrar el Parlamento. Boluarte era su vicepresidenta.
Los manifestantes —en su mayoría indígenas del sur de los Andes que habían votado abrumadoramente por Castillo— exigieron la renuncia de Boluarte, quien se había comprometido a renunciar si Castillo era removido por el Congreso. Al final Castillo fue encarcelado y la justicia ordenó su prisión preventiva por tres años mientras es investigado por los delitos de rebelión y corrupción.
Las protestas dejaron 50 civiles muertos y 716 lesionados, según la fiscalía. También murieron seis soldados y un policía. El 88 % de las muertes y 59,1 % de las lesiones ocurrieron en el sur de los Andes, de mayoría indígena y donde se habla la lengua quechua.
Informes de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coincidieron en que las fuerzas de seguridad violaron derechos humanos, usaron armas de fuego y torturaron durante las manifestaciones que se extendieron hasta marzo de 2023.
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