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Después de que el ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó el traslado de los procesos del Banco Fassil a La Paz planteando dudas sobre la manera en la que se lleva adelante este caso en Santa Cruz, el fiscal Julio César Porras sostuvo que este debe presentar pruebas ante cualquier denuncia.
Porras es el fiscal que lleva adelante las investigaciones en Santa Cruz y señaló que, si hay alguna sindicación, el ministro debe ser puntual en cuanto a sus aseveraciones, las cuales fueron expuestas al confirmar que la causa cambió de jurisdicción.
“No vamos a permitir de ninguna manera extorsión, corrupción, amenazas o que el proceso del Banco Fassil se lleve a cabo con irregularidades que han sido permanentemente denunciadas en el departamento de Santa Cruz”, fueron las palabras de Lima, sembrando dudas sobre el proceso.
El fiscal manifestó que el caso hasta la fecha se ha llevado adelante de manera transparente y pidió al ministro que diga quién o quiénes son los denunciantes de las presuntas irregularidades en torno a las diligencias.
“Como Ministerio Público y como comisión hemos ido con la cabeza en alto, hemos comenzado y seguimos con la investigación. Y no hay una persona que nos tilde que hemos llegado a una corrupción, prueba de ello es que hay seis personas que están detenidas preventivamente y sobre eso seguimos investigando. Para una denuncia o sindicación tiene que probar y esperamos que lo pruebe”, sentenció Porras.
Desde el Colegio de Abogados de Santa Cruz, el vicepresidente Félix Oros rechazó las acusaciones de Lima y observó que hay “una intromisión directa” en el caso Fassil por un tema subjetivo, observando también que llama la atención que las cabezas del Tribunal Departamental de Justicia no se pronuncien al respecto.
Oros sostuvo que los dichos de Lima ameritan una querella criminal porque la “ofensa, la difamación y la calumnia es para todo el Órgano Judicial”. “Esta es una muestra de que la administración de justicia la tiene tomada el Poder Político, el caso del Banco Fassil es un caso particular y no político, por lo que no hay motivos para que tenga que inmiscuirse el Ministerio de Justicia”, acotó.
Mientras que el exfiscal Joadel Bravo advirtió que Lima está vulnerando el Código de Procedimiento Penal al inmiscuirse en el caso, a no ser que su Ministerio sea considerado víctima y no es la situación de esta cartera de Estado.
“Lima no tiene capacidad ni competencia para hacer ese tipo de afirmaciones, es una tentativa par a la justicia lo que hizo, él no puede pronunciarse por ningún proceso”, concluyó Bravo.
El exfiscal señaló que el Código Penal, en su artículo 3, establece que, por ningún motivo, los órganos estatales, ni personas naturales o jurídicas interferirán en la substanciación de un proceso concreto.
