.
La Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena) tercializó 103 de las 206 cuadrículas asignadas para la explotación de minerales en los municipios de Mapiri y Guanay, reveló una fuente en reserva al periodista John Arandia.
En entrevista difundida este martes por Fides, la fuente confirmó las sospechas sobre el manejo irregular desarrollado desde esa instancia de las FFAA que tiene control sobre áreas de explotación desde los años 70s y que se definió como “empresa pública nacional estratégica” en 2009.
Cofadena creó la Unidad Productiva Minera para la explotación y comercialización de las 206 cuadrículas mineras concedidas en la provincia Larecaja al norte del departamento de La Paz.
Sin embargo, según la fuente en reserva, la mitad de esas cuadrículas pasaron a empresas privadas y cooperativas mineras en calidad de arrendamiento entre Bs 900 a Bs 3.500 por cuadrícula y con 4 por ciento del total del alza mensual, es decir, la producción lograda por los operadores mineros a favor de las FFAA.
“Se basaron en una anterior ley y suscribieron contratos de arrendamiento que debían migrar a la nueva Ley Minera, cosa que hasta ahora no ocurre”, explicó.
En ese marco, las FFAA “inventó” la figura de actas o declaraciones voluntarias, para alquilar las 103 cuadrículas a 94 privados.
La fuente citó como ejemplo en la lista de beneficiados a la Cooperativa Aurífera El Palmar, Cooperativa Amigos de Guanay y Sociedad Aurífera El Crucero, que arriendan esas áreas para explotar el oro en la zona.
Las irregularidades en estos arrendamientos, que tendrían a capitales extranjeros implicados, y los montos mínimos que se reportan desde Cofadena, sin ningún control a las cantidades de oro u otros minerales explotados en esas áreas, incluyendo la contaminación, son el motivo de la denuncia de la fuente entrevistada.
La fuente sugirió interpelar a los jefes militares a cargo de Cofadena y al ministro de Defensa, Edmundo Novillo, por estas irregularidades que se dan desde un par de décadas.
Con estos antecedentes se explicaría la negativa de las FFAA para intervenir en la denuncia de extracción ilegal del oro en el río Tuichi, dentro del Parque Nacional Madidi, pese a tener la orden de un Juez Agroambiental emitida en agosto.
En ese tiempo, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) identificó 31 derechos mineros otorgados antes de 2009 que deben ser actualizados, incluyendo la licencia ambiental, pero cuyas notificaciones son perjudicadas por la resistencia de esos sectores extractivistas, incluso con amenazas y violencia, en esa zona por donde circula el Río Madre de Dios entre La Paz y Beni.
