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Redacción VISOR21
Desde las redes sociales y en declaraciones públicas, las familias de los hasta ahora 34 implicados en el proceso por los hechos del 26 de junio reciente, han denunciado vulneración de derechos fundamentales y abuso contra militares y civiles a quienes el Gobierno acusa de ser parte de un “golpe de Estado fallido”.
Uno de los detenidos es Aníbal Aguilar, catedrático universitario de post grado y miembro del Consejo Nacional Cristiano, quien fue “secuestrado” de su domicilio en la zona de Auquisamaña, la madrugada del pasado jueves, según versión de la familia, cuando llegó un contingente de más de 20 personas con vehículos a pedir la salida del hombre de 71 años.
Una de las vulneraciones fue la falta de una orden de arresto o aprehensión contra Aguilar, además de las amenazas a su familia, sobre todo a su esposa, a quien los encapuchados le dijeron: “le conviene salir sino va a ser peor para ustedes”.
Aguilar estuvo dos días en celdas de la Policía sin tener contacto con un abogado, citaron a VISOR21 fuentes allegadas al docente universitario, tiempo que permaneció encerrado junto a decenas de personas en un pequeño espacio de cemento, pese a su edad y afecciones de salud que deben ser medicadas y controladas cada día.
El docente en la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) es señalado por el Ministerio de Gobierno de ser el “ideólogo” del movimiento militar del 26 de junio en plaza Murillo, además de haber “planificado” el operativo desde mayo en las oficinas del entonces comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, protagonista de los acontecimientos.
El sábado, Aguilar fue beneficiado con otras diez personas con detención domiciliaria, pero este domingo se conoció una apelación que evitó su salida de la carceleta hasta la audiencia del miércoles.
Otro acusado, cuya familia denunció vulneraciones y amenazas, es el general en retiro Tomás Peña y Lillo, que no fue hallado en un operativo similar a Aguilar, la madrugada del jueves en la zona de Bolonia, al sur de La Paz.
La familia denunció, además, que efectivos policiales sembraron pruebas alrededor de la vivienda, tal como evidencian imágenes grabadas por los hijos del representante de los militares en servicio pasivo. Precisamente, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó luego, que en el operativo de búsqueda de Peña y Lillo “se encontraron municiones”.
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (Cidhpda) emitió un pronunciamiento en el que se denuncian las vulneraciones cometidas contra la familia del general y que Katherine Antezana, esposa de Peña y Lillo denunció esa misma madrugada.
Mientras los detenidos van creciendo de 11 iniciales a 21 y hasta este domingo 34 personas implicadas, las esposas de los militares de alto y mediano rango salieron a exigir respeto al debido proceso y que se entienda que muchos de ellos solo acataron órdenes superiores, porque no está en sus facultades desobedecer al mando, que en este caso aún lo tenía Zúñiga.
Pero también la esposa del ahora general en detención preventiva en el penal de El Abra, Cochabamba, Graciela Arancibia, denunció que su familia es víctima de acoso y amenazas desde quienes culpan a Zúñiga de ser “golpista” contra el presidente Luis Arce.
“Nosotras somos compañeras de vida, somos aquel referente que va a educar a los hijos y no es posible que nos estén hostigando con cartelitos, llamándonos, indicando que nos van a matar, porque eso es lo que están haciendo”, dijo la también presidenta de las Damas Voluntarias del Ejército.
Recordó que las esposas de militares se dedican a la labor solidaria, con campañas de recolección de alimentos o medicinas para la familia militar y también para organizaciones que trabajan con grupos vulnerables.
Finalmente, Ana Quiroga, esposa del general Juan Mario Paulsen, declaró a redes televisivas, que el inspector general del Ejército no estuvo presente en plaza Murillo y que, al contrario, cumplió su deber y evitó la salida de armamento o municiones como le pedía un subordinado.
“No vas a entregar armamento a nadie. Cuidado que estés entregando armamento. No sale nada del Estado Mayor”, se escucha en un audio compartido, como una de las muchas pruebas de voz y chat que Quiroga asegura tener en su poder.
