Una familia de Sacaba, municipio de Cochabamba, clama justicia en el frontis del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Sucre, y pide a los magistrados de la Sala Penal confirmar la sentencia que dispone una pena de prestación de trabajos comunitarios durante tres años en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) para Adam Mamani Garvizu, declarado culpable del delito de lesiones graves y leves en contra de menores de edad, hace ocho años.
Daphne García, una de las víctimas, denunció entre lágrimas que hace ocho años, el ahora acusado, en su condición de presidente de la Organización Territorial de Base (OTB) en Sacaba, movilizó a unas 120 personas para tomar de forma violenta su casa con la intención de desalojarlos, aruyendo de que era un predio de área verde.
Después esta persona resultó elegida concejal de Sacaba, cargo que ejerce en la actualidad por el Movimiento Tercer Sistema (MTS) y tiene poder en el municipio para seguir otorgándoles, denunció la joven víctima.
“Han quemado mi casa, nos lastimaron, tenemos certificaciones médicas de forenses en la Fiscalía por las lesiones que nos provocaron, cuando eramos menores de edad. Estamos ocho años con este proceso. Él dice: ‘no tengo sentencia ejecutoriada, puedo seguir aquí, no tienen pruebas’, ‘todo es falso’. No puede ser que gente tan mala siga en el poder”, remarcó.
García, que hace vigilia junto a su madre y sus hermanas desde el lunes, pidió a los magistrados de la Sala Penal confirmar la sentencia contra esta persona para que cumpla una sanción y si es posible deje el poder.
“No sabemos qué quiere, esa una persona mal intencionada, no sabemos qué tráfico de influencias tiene pero siempre nos dice que ‘nos puede hacer borrar del mapa’, ‘que con él no podemos hacer nada y que una denuncia más no le hará nada’”, relató García, que aún no supera el trauma que arrastra por el hortigamiento permanente de esta autoridad edil.
Mamani, un militar retirado, fue sentenciado en 2022, los vocales confirmaron la condena en su contra y apeló al TSJ para frenar la pena de prestación de trabajos comunitarios dispuesta por un juez.
El Juzgado de Sentencia Penal Primero de Sacaba declaró al acusado Adam Mamani Garvizu, “autor y culpable del delito de lesiones graves y leves (…), en consencuencia condena a sufrir una pena de prestación de trabajos comunitarios por el lapso de tres años en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (…), dos veces al mes”, señala parte de la sentencia que el acusado pretende hacer anular en el TSJ.
- ///FUENTE: CORREO DEL SUR///
