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La Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia exige que la Asamblea Legislativa y el Gobierno resuelvan mediante una “Ley Corta” las graves incoherencias de fiscales, jueces y magistrados para reincorporar a más de cinco mil trabajadores despedidos ilegalmente en todo el país.
El reciente Ampliado Nacional de Fabriles realizado en La Paz determinó también mantener estado de emergencia “ante la falta de atención de autoridades nacionales y regionales en temas laborales, sindicales, justicia, salud y otros” y que “esos problemas sean resueltos en favor de los trabajadores”.
El documento de la CGTFB exige “respetar y cumplir la declaratoria en comisión de dirigentes sindicales de Federaciones Departamentales, CORes, CODes, CGTFB y COB, y pagar el 100 % de su salario, sus derechos y beneficios desde que son declarados en comisión, según Decreto 4668 de 17 febrero 2022”.
Pide que los responsables respectivos hagan cumplir derechos laborales consolidados en Convenios Internacionales, Constitución Política del Estado, Ley del Trabajo y otras normas; que los dueños de empresa Concretec (Gobernación Chuquisaca, Alcaldía Sucre y Universidad San Francisco Xavier) resuelvan de inmediato los dilatados conflictos en sus regionales y cesen procesos, acosos y persecución legal a dirigentes.
También pidió que el gobierno y las FFAA vigilen fronteras y luchen contra el contrabando. Pide el cambio de autoridades de la Caja Nacional de Salud CNS y cesen los problemas con sus sindicatos Casegural y Fensegural a nivel nacional.
El sector fabril es el más afectado por incoherentes y contradictorias sentencias emitidas, por jueces de Sala Constitucional en todo el país porque muchos jueces “derivan” sentencias del Tribunal Constitucional a fiscales quienes a su vez inician procesos penales que duran 7 años en promedio; otros como en Santa Cruz “devuelven al TCP sentencias, “por observaciones”.
Peor aún, las sentencias del TCP 1637/2012; 261/2013 y 136/2018 S3, fueron “observadas” por el Tribunal Departamental de Justicia La Paz porque “impiden ejecutar sentencias que favorecen a trabajadores”, según carta del TDJ-LP 72/2022 de fecha 4 de marzo 2022, dirigida a la COB, y firmada por Eddy Arequipa (Presidente TDJ-LP) e Iván Campero (Decano). Esta fue calificada como “carta de la vergüenza del Órgano Judicial”.
Entre las 17 sentencias del TCP incumplidas u “observadas” ilegalmente por jueces o fiscales, están: 1047-21-S4 (de 20 diciembre 2021 caso Infocal La Paz y El Alto); 875/2021-S4 (25 noviembre 2021, Cerámica Santa Cruz); 498/2021 (18 agosto 2021, Industrias Belén); 374/2021-S2 (26 julio 2021, Mineros Paitití); 695/2021-S2 (25 octubre 2021 Trabajadores Azucareros Bermejo).
Por este motivo, hace 480 días (año y medio) 110 trabajadores de LaraBish duermen y comen en carpas en puertas de esa empresa en Av Vásquez La Paz, y 150 trabajadores de IncerCruz, Mineros Paitití, Industrias Belén, Totai Citrus y, Cerámica Santa Cruz “tomaron” el edificio del Tribunal Judicial Santa Cruz y duermen y comen en el pasillo a la intemperie hace un mes.
//FUENTE: ANC//
