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Preocupados y alarmados, los empresarios del país expusieron sus reparos en la aprobación, por parte del Senado, del Proyecto de Ley 283 Procedimientos especiales para la restitución de Derechos Laborales.
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) considera que la norma contradice y malinterpreta la Ley General del Trabajo y su reglamentación, va en contra del ordenamiento constitucional referido a la protección de los derechos laborales y atenta y debilita la estabilidad del empleo que está vigente en el país.
Para la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) la nueva norma antes que proteger la estabilidad laboral, precariza la situación de las empresas obligándolas a reducir las posibilidades de contratación y sostenimiento de fuentes de trabajo digno.
Por ello, los empresarios privados esperan que el presidente Luis Arce considere la devolución de la Ley sancionada, a la Asamblea Legislativa para su revisión y ajuste a los principios constitucionales.
Los industriales critican que como empleadores fueron excluidos del debate porque no se tomaron en cuenta sus observaciones planteadas en varias ocasiones respecto del impacto de esta propuesta y la vulneración a la normativa vigente en la que se incurría.
“Advertimos que la aprobación de este proyecto solo aumenta el riesgo en el que se encuentran los empleos formales que genera el sector industrial que ya están amenazados por el aumento del contrabando en el país, además de sentar un precedente negativo para la atracción de inversiones nacionales y extranjeras”, precisaron desde la CNI.
Sobre el tema, Yecid Mollinedo, director general de Trabajo, sostuvo que la Ley, aprobada en Diputados, a inicios de julio de la presente gestión, simplifica los procedimientos administrativos para resguardar el derecho a la estabilidad laboral de aquellos trabajadores que fueron despedidos de manera injustificada.
Mollinedo detalló que la norma establece un procedimiento ágil y oportuno para que cualquier trabajador o trabajadora que considere que se vulneró alguno de sus derechos pueda presentar una denuncia administrativa en el Ministerio de Trabajo.
La autoridad sostuvo que la Ley no pone en riesgo la estabilidad laboral, sino que lo protege, al tomar en cuenta la estabilidad e inamovilidad laboral, el pago de salario y el cumplimento del fuero sindical.
Mollinedo remarcó que actualmente, los trabajadores despedidos de manera injustificada que buscan su reincorporación deben esperar más de dos años de proceso, este proyecto de ley reduce dicha espera a solo cinco meses.
“La Ley reduce estos tiempos, más o menos a 15 días hábiles para que pueda tener una audiencia y segundo, una resolución de reincorporación, la que puede ser impugnada pero ya no a través de un recurso de revocatorio jerárquico”, explicó a ABI.
//FUENTE: EL DEBER//
