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La suspensión temporal de la exportación de azúcar, carne y derivados de soya representa un atentado al sistema productivo de Santa Cruz, principal proveedor de alimentos de Bolivia, y pone en riesgo más de 300.000 fuentes de empleo, según la Cámara Agropecuaria del oriente (CAO) y la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones (Cadex).
“La suspensión temporal de la exportación de alimentos estratégicos en resguardo de la seguridad alimentaria con soberanía, como una medida preventiva para garantizar el abastecimiento al mercado interno, es un atentado contra el sistema productivo y toda su cadena de valor”, sostuvo en un comunicado la CAO, que representa a un sector que se declaró “en emergencia, ante este atentado a la economía regional y nacional”.
El miércoles pasado, al anunciar la suspensión “preventiva” de las exportaciones, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, indicó que la medida entrará en vigencia a partir de las 00:00 horas de este jueves 27 de octubre de 2022, “hasta que se restituyan las condiciones de normal abastecimiento a toda la población boliviana”.
El ministro, asimismo, afirmó que “los promotores del paro”, Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo, Vicente Cuellar y la dirigencia del Comité pro Santa Cruz, “son los culpables del daño y pérdidas millonarias que se está ocasionando al aparato productivo cruceño y nacional”.
La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), en coordinación con las Cámaras Departamentales de Exportadores del país, manifestó hoy su “rotundo rechazo a que se utilice el aparato productivo nacional como instrumento de lucha política”, por lo que también se declaró “en estado de emergencia hasta el levantamiento de la medida”.
La institución recordó que los sectores afectados por la suspensión tienen ya regulada su exportación hace más de una década y que a lo largo de estos años se autorizó su salida una vez abastecido el mercado interno, “por lo que se trata exclusivamente de excedentes”.
El caso más notorio es el de la soya y sus derivados, cuya producción cubre la demanda nacional (20%) y la exportación (80%).
“Los sectores atacados por la medida suponen cerca de un 20% de las exportaciones totales del país y se encuentran entre los más pujantes en términos de crecimiento de las ventas externas en lo que va de la presente gestión”, sostuvo la Caneb.
La Cadex y la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) hicieron conocer también su rechazo “contundente y total” a la decisión del Gobierno, por ser “política” e “irresponsable”. “A través de esta medida se pone en riesgo más de 300.000 empleos”, remarcó Oswaldo Barriga, presidente de la Cadex.
“Esta errónea e incoherente medida, no es solo en detrimento de la región, afecta directamente a la imagen país, a los compromisos y contratos internacionales, a la apertura de nuevos mercados”, sostuvo la CAO, algo en lo que convinieron los exportadores y los productores de oleaginosas.
“No es cierto que haya un desabastecimiento del mercado interno. La harina y cascarilla de soya las industrias la tienen en sus almacenes, que no llegue este producto al interior del país ya es consecuencia de los conflictos sociales, del cerco que hay a Santa Cruz”, sostuvo a su vez el presidente de la Caniob, Jorge Amategui.
Solo el sector industrial oleaginoso exportó a la fecha más de $us 1.600 millones, por lo que el veto frenará el ritmo del comercio internacional, afectando a la economía nacional, de acuerdo con los empresarios.
“Ante la irracionalidad de la medida de la suspensión de exportaciones de soya y derivados, carmes y azúcar, solicitamos al presidente Luis Arce la anulación inmediata de la medida de suspensión temporal de exportaciones”, indicó la CAO.
//FUENTE: EL DEBER//
