El pasado martes 26 de abril, la jueza Katherine Carballo Jiménez, Juez de Sentencia Penal 9 de Santa Cruz, determinó el encarcelamiento del gerente general de la Empresa Minera Paitití (EMIPA) en la cárcel de Palmasola, por no cumplir con una conminatoria de reincorporación laboral, previamente anulada, de un grupo de extrabajadores de la empresa.
Si es que el gerente general de EMIPA, Joaquín Zenteno, hubiera acatado dicha conminatoria, habría ocasionado la quiebra de esta empresa , que es la operación minera más importante del Oriente boliviano, propiedad de la minera internacional ORVANA; que se aprestaba a realizar en el país una inversión de 70 millones de dólares para su Proyecto Óxidos, que ahora ha quedado en suspenso por esta medida que la compañía considera injusta.
A decir del CEO de ORVANA, Juan Gavidia, las violaciones más evidentes del fallo dictado por la jueza Katherine Carballo son: que se negó a recibir la declaración de los testigos ofrecidos por el gerente general de EMIPA y que falló directamente en contra del artículo 82 del Código de Procedimientos Constitucionales, al emitir una sentencia estando pendiente de resolución, por parte del Tribunal Constitucional, una Acción de Inconstitucionalidad Concreta.
Asimismo, Gavidia explica que la jueza emitió su fallo sin considerar que la orden de reincorporación, supuestamente incumplida, fue previamente anulada y, por lo tanto, no podía ser cumplida por EMIPA.
El CEO de ORVANA denunció también que los ex trabajadores de EMIPA montaron un campamento en la puerta del Palacio de Justicia, y cuando se solicitó a la Juez que ordenara su retiro velando por su independencia, ella se negó y aceleró el proceso, buscando una sentencia aun en contra de las prohibiciones legales expresas que la obligaban a suspender el caso.
Además, informes técnicos, auditorías externas, informes comerciales y demás pruebas no sirvieron para convencer a la juez de la realidad económica por la que atraviesa la empresa y del impacto negativo que tendría esta reincorporación.
“Lo que se pretende en este caso es reincorporar a trabajadores a un empleo que ya no existe, ninguna de esas personas podría trabajar porque la explotación minera en la que prestaban servicios ha cesado en su explotación. Esta decisión atenta directamente contra todo sentido de lógica y justicia y, de persistir, podría abrir la posibilidad de acciones legales internas y externas para subsanar o pedir la reparación de estas arbitrariedades”, señala Gavidia.
Antecedentes del caso
A fines del año 2019, EMIPA se vio en la necesidad de suspender actividades de explotación debido a que se presentaron problemas geológicos, mineros y metalúrgicos en su yacimiento de San José de Chiquitos, que impidieron continuar con la explotación.
Antes de hacerse efectiva esta decisión, el gerente general comunicó la situación a la dirección sindical de la empresa y la decisión de proceder con la desvinculación de parte del personal, que fue reportada también a todas las autoridades nacionales, regionales y locales.
En fecha 29 de febrero de 2020 se procedió a entregar personalmente a cada trabajador la carta de retiro; sin embargo, 84 de ellos se negaron a recibir la comunicación y un grupo de estos inició la toma violenta y arbitraria de las instalaciones de la operación; que se prolongó hasta mayo de 2020, en plena pandemia, cuando la empresa logró desalojar a estas personas del campamento.
De estos 84 trabajadores que inicialmente se negaron a recibir sus finiquitos y pago de beneficios sociales, 17 los cobraron, siendo 67 los que se negaron a hacerlo, a pesar de que sus beneficios se encuentran depositados en cuenta fiscal a cargo de un juez laboral.
Los procesos
Este grupo de extrabajadores renuentes presentó demandas de reincorporación ante las instancias administrativas e interpuso amparos constitucionales. EMIPA, por su parte, argumentó ante las instancias legales que la ausencia de producción, debido a problemas técnicos insalvables, y la consiguiente falta de generación de ingresos, obligaron a tomar la decisión de desvincular a parte del personal por estas razones de fuerza mayor, y que la reincorporación solo llevaría a la quiebra de la empresa.
Lamentablemente, estos argumentos no fueron considerados ni evaluados por algunas instancias legales al otorgar la tutela a los ex trabajadores, facilitándoles iniciar tres procesos penales en contra del gerente general de EMIPA, dentro de uno de los cuales se emitió una sentencia con múltiples violaciones a los derechos humanos del acusado, como la restricción a su libertad de expresión.
Ahora, la situación se agrava sustancialmente con la nueva sentencia penal que llevará a prisión al gerente general de EMIPA, sólo por evitar la quiebra de la empresa y tratar de garantizar la puesta en marcha de un nuevo proyecto metalúrgico, cuyos costos están siendo financiados por ORVANA, la casa matriz de EMIPA.
El proyecto en suspenso
Actualmente, EMIPA cuenta con 31 empleados entre técnicos y personal administrativo, concentrados en el cuidado y mantenimiento de las instalaciones, así como en avanzar en el estudio de factibilidad del nuevo Proyecto Óxidos, que significaría una inversión de USD 70 millones de dólares con el objetivo de obtener, entre otros, cátodos de cobre de muy alta calidad, colocando a EMIPA como la principal productora de este mineral en Bolivia.
Este proyecto, ahora en vilo, generaría una serie de impactos positivos para la región, departamento y país: regalías, impuestos y aportes a las comunidades, entre otros.
//FUENTE: PÁGINA SIETE//
