–
Ante una conflictiva coyuntura y las demandas de la sociedad boliviana por contar con un sistema judicial íntegro, la diputada por la agrupación Creemos, María René Álvarez, presentó dos notas formales solicitando que las Comisiones Mixtas de Constitución y de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), reanuden de forma inmediata el proceso de preselección de candidatos para las Elecciones Judiciales.
La legisladora remitió las notas a los presidentes de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, Miguel Rejas, así como al titular de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Roberto Padilla, como las instancias encargadas de llevar adelante la preselección de candidatos judiciales.
«Dado el contexto actual y las demandas de la sociedad boliviana por un sistema judicial que refleje los más altos estándares de integridad y profesionalismo, es imperativo que el proceso de preselección se lleve a cabo sin más demoras”, cita la asambleísta en el documento.
Esta semana se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que deniega la tutela a la Sala Constitucional de Pando, que el pasado 30 de abril determinó suspender el proceso que desarrollaba esa instancia legislativa.
Álvarez afirmó que la suspensión del proceso nunca debió ser aceptada por la Asamblea Legislativa, además, advirtió que pese al fallo del TCP, no se avalará ni legitimará a los denominados exmagistrados autoprorrogados.
«Nosotros no reconocemos a los prorrogados y vemos que la paralización del proceso de preselección nunca debió darse, porque la atribución constitucional para la etapa de preselección de candidatos corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa, que pudo buscar otras formas para encaminar el proceso, con voluntad política y trabajo coordinado», expuso la legisladora.
El viernes, el jefe de bancada por Comunidad Ciudadana en Diputados, Enrique Urquidi, señaló que el Parlamento nunca debió haber acatado la disposición que paralizó la preselección y anunció que se continuará con esta labor porque se trata de una atribución de la ALP.
Asimismo, reiteró que todos los actos de magistrados prorrogados es nulo, por tratarse de autoridades que usurpan funciones desde el mes de enero de la presente gestión.
Insistiendo en que existe un objetivo político detrás de la resolución que levantó la paralización del proceso, Urquidi afirmó que solo se busca “lavar la cara de usurpadores” que abusan del poder para favorecer al Gobierno.
Puntualizando que la Asamblea Legislativa Plurinacional es el Órgano encargado de definir los criterios y la ruta crítica para terminar el proceso de preselección, el asambleísta sostuvo que “jamás se debió acatar una resolución de este tipo y la Asamblea debió continuar con el proceso de preselección”.
//FUENTE: EL DIARIO//
