Bolivia enfrenta uno de los momentos más complejos de su historia reciente. Las decisiones tomadas hoy no solo afectarán el rumbo económico del país, sino también su estabilidad social y política. En un contexto marcado por una inflación creciente que ha superado el 5.5 % en septiembre de 2024 y podría llegar al 7 % a finales de año, el panorama económico evidencia la gravedad de los desafíos estructurales.
La inflación no surge de la nada. Es el resultado de una combinación de factores internos y externos que no se han gestionado adecuadamente. Uno de los problemas más graves es la escasez de dólares, que ha encarecido las importaciones y ha golpeado directamente los precios de productos básicos. Esto ha impactado a millones de familias bolivianas, especialmente a las de menores ingresos. Además, los bloqueos sociales y los conflictos políticos han paralizado la distribución de alimentos y mercancías, generando pérdidas económicas significativas y un aumento desproporcionado en los costos de bienes esenciales.
El impacto de esta crisis en los hogares es devastador. La inflación erosiona el poder adquisitivo, afectando principalmente a los sectores más vulnerables. Muchas familias enfrentan una reducción en su capacidad para cubrir necesidades básicas, lo que incrementa la pobreza y la desigualdad. Al mismo tiempo, la persistencia de precios elevados y la falta de divisas han debilitado la confianza en la moneda nacional. Esto ha incentivado la dolarización informal, un fenómeno que amenaza aún más la estabilidad financiera del país.
La incertidumbre también afecta la inversión. Con un panorama económico volátil, empresarios y emprendedores optan por frenar sus proyectos, lo que limita la creación de empleo y perpetúa el estancamiento económico. A nivel social, el panorama no es menos preocupante. La inflación, combinada con tensiones políticas y sociales, exacerba la polarización. Las protestas y los bloqueos alimentan un círculo vicioso que impide cualquier intento de recuperación.
Ante este escenario, Bolivia debe tomar medidas urgentes para evitar un deterioro irreversible. Aunque las soluciones no son simples, sí son posibles. En primer lugar, es esencial fortalecer las reservas internacionales mediante la diversificación de exportaciones y la lucha contra el contrabando. Ambos factores son clave para garantizar un flujo estable de divisas y proteger la economía nacional. Asimismo, atraer inversión extranjera puede ser una herramienta para estabilizar la balanza comercial y generar nuevas fuentes de ingresos.
El Banco Central también tiene un rol crucial. Debe implementar una política monetaria estricta para controlar la emisión de dinero y evitar presiones inflacionarias. Esto debe complementarse con una reestructuración fiscal que reduzca el déficit público. Es imprescindible optimizar el gasto, eliminar subsidios ineficientes y mejorar la recaudación tributaria, garantizando que los recursos del Estado se utilicen de manera eficiente y estratégica.
Sin embargo, ninguna política económica será efectiva si no se resuelven las tensiones sociales y políticas que paralizan al país. El diálogo debe convertirse en una prioridad nacional. Solo mediante acuerdos inclusivos se podrá garantizar la distribución de bienes, el funcionamiento de los mercados y la recuperación de la confianza ciudadana. La paz social es una condición indispensable para el desarrollo.
Fomentar la producción local es otra tarea pendiente. Impulsar la industria nacional no solo reducirá la dependencia de las importaciones, sino que también generará empleo y fortalecerá el mercado interno. El gobierno debe crear un entorno favorable para que los productores bolivianos puedan competir en condiciones justas, tanto dentro como fuera del país.
La inflación en Bolivia no es solo un problema económico. Es el síntoma de una crisis más profunda que abarca aspectos sociales y políticos. Su superación dependerá de la capacidad de todos los actores, desde el gobierno hasta la sociedad civil, para actuar con responsabilidad y visión de futuro. Bolivia enfrenta un momento decisivo. Puede optar por la inacción y enfrentar las consecuencias de un deterioro prolongado, o tomar decisiones valientes que sienten las bases para un desarrollo sostenible. El costo de la incertidumbre es demasiado alto. Actuar no es una opción; es una obligación.
- BRAYAN SERGIO PÉREZ PAREDES
- Ingeniero comercial. Abogado. Teólogo. Docente de Pregrado y candidato a Magister en Educación Superior por Competencias.
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