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El Departamento de Estado de EEUU identifica graves irregularidades en el juicio contra Jeanine Áñez e “injerencia del más alto nivel” del gobierno de Luis Arce, con el objetivo de condenar con pena de cárcel a la expresidenta.
Asimismo, observa el veto a un juicio de responsabilidades como corresponde a una exmandataria y las órdenes de arresto emitidas contra opositores sin evidencia para respaldar los cargos.
En su informe, el Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, cita también las denuncias de Carolina Ribera, hija de Áñez, quien aseguró que la Policía torturó a familiares de su madre (asfixia con bolsas en la cabeza) para que declaren dónde estaba la exmandataria.
Otro indicador de la injerencia de gobierno es la presencia inusual del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo y del jefe de la Policía, Jhonny Aguilera, en Trinidad, para supervisar el arresto de Áñez, el 13 de marzo de 2021. A esto se suma la presión contra los jueces, totalmente carentes de independencia.
El informe de EEUU cita a los grupos de derechos humanos que expresaron su preocupación de que los arrestos de Áñez y miembros de su administración tuvieran motivaciones políticas.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo para la región de las Américas de la ONG Human Rights Watch, dijo que la orden de arresto contra la expresidenta “no contiene ninguna prueba de que haya cometido el delito de terrorismo”.
Según refiere el informe del Departamento de Estado, el 3 de agosto de 2021, un juez ordenó seis meses adicionales de prisión preventiva contra Áñez por los cargos de “comisión de delitos contrarios a la constitución”, que fueron presentados por el Ministerio de Gobierno y por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), y están relacionados con la asunción de la presidencia de Áñez en 2019.
Los seis meses adicionales de prisión preventiva se agregaron a los seis meses originales de prisión preventiva, ordenada el 14 de marzo, y cubrieron cargos nuevos y separados de terrorismo, sedición y conspiración “para derrocar al gobierno”.
Andrés Zabaleta, abogado de Áñez, afirmó que se violaron los derechos al debido proceso, porque ni ella ni su equipo legal fueron notificados oficialmente de estos nuevos cargos. Zabaleta también alegó que se violó el principio de “indivisibilidad” (similar a la doble incriminación) del proceso al instaurarse un segundo juicio por el mismo caso en cuestión, según el informe de EEUU.
El 21 de agosto, Áñez se cortó deliberadamente la muñeca izquierda y uno de los brazos en un intento de suicidio mientras estaba en prisión. La llevaron a un hospital para recibir tratamiento, debido a la gravedad de sus heridas y permitieron que su hijo se quedara con ella durante la noche.
Después del incidente, Áñez declaró que “ya no quería vivir”. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, calificó sus heridas como “simples raspaduras” y alegó que el trato preferencial del gobierno hacia la expresidenta provocó disturbios entre las reclusas del penal de Miraflores.
//FUENTE: LOS TIEMPOS//
