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La Corte de La Florida en Estados Unidos dictó siete años de prisión contra el exministro de Gobierno boliviano Arturo Murillo, por las figuras de conspiración, lavado de dinero y soborno.
El fallo fue anunciado por el procurador Wilfredo Chávez que anunció que en el país se pedirá la devolución de 532 mil dólares del patrimonio del exministro para el Estado boliviano.
“Se han burlado 2,3 millones, de los cuales 532 mil han ido a parar a las manos de Arturo Murillo, como jefe o líder de esta banda organizada que se ha dedicado a estos delitos transnacionales”, dijo Chávez en referencia al monto en dólares por la compra de gases lacrimógenos en 2019.
El procurador señaló que, una vez dictada la sentencia, ya se puede avanzar con el proceso de extradición de Murillo por los conductos correspondientes.
En septiembre de 2022, Murillo se declaró culpable de los delitos de conspiración por lavado de dinero y soborno en EEUU, dentro del proceso de compra irregular de gases lacrimógenos a la empresa intermediaria Bravo, durante el gobierno transitorio.
Al admitir su culpa, el exministro del gobierno de Jeanine Añez descartó la posibilidad de un juicio con jurado en su contra, por ese motivo, hoy se dictó la sentencia en su contra.
Murillo está detenido en la cárcel federal de Miami desde mayo de 2021. Según el informe del Departamento de Justicia de EEUU, el exministro fue arrestado en Florida por los cargos de soborno y lavado de dinero. También fueron detenidos un ciudadano boliviano y tres norteamericanos involucrados en este caso.
“El exministro de Gobierno de Bolivia y otro exfuncionario boliviano están acusados de recibir sobornos pagados por una empresa estadounidense para asegurar un contrato con el gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos”, detalla dicho informe.
El otro boliviano implicado es el exjefe de gabinete de Murillo, Sergio Méndez, acusado de ejecutar movimientos bancarios sospechosos por la suma de 582.000 dólares para sobornos.
Además, en el mencionado informe de investigación se especifica que estas transacciones fueron realizadas para favorecer a la empresa intermediaria en la compra de armamento no letal entre 2019 y 2020. Se estima que el sobreprecio fue de 2,3 millones de dólares.
Junto a Murillo y Méndez también fueron acusados los ciudadanos norteamericanos Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, por pago de sobornos.
El informe detalla que “los sobornos se pagaron para que la empresa de Bryan Berkman con sede en Florida obtenga y mantenga negocios con el Ministerio de Defensa de Bolivia, específicamente un contrato de aproximadamente 5,6 millones de dólares para proporcionar al Ministerio de Defensa de Bolivia gas lacrimógeno y otros equipos no letales”.
//FUENTE: PÁGINA SIETE//
