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Entre enero y agosto de este año se registraron un total de 107 vulneraciones a la libertad de prensa, según datos del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS. La agresión a periodistas es el tipo de vulneración más común, seguida por la estigmatización a periodistas y el impedimento del acceso a la información.
Las cifras del Observatorio muestran que, de las 107 vulneraciones, las agresiones a periodistas fueron 34; las estigmatizaciones a periodistas, 22; impedimentos de acceso a la información, 20; amenazas, 13; criminalizaciones, ocho; censuras, cuatro; ataques a medios de comunicación, cuatro; una violación a la reserva de fuentes de información y una asignación discriminatoria de publicidad oficial.
Agosto fue el mes en que más violaciones contra la libertad de prensa se han registrado, con un total de 25, que responden principalmente a las agresiones a periodistas en tres conflictos: primero, en los enfrentamientos entre la Policía y los afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz; segundo, las agresiones a dos fotoperiodistas de El Deber durante el paro cívico de Santa Cruz (08/08/22); y, tercero, a las agresiones y retención de cuatro periodistas en la ciudad de Potosí de parte de juntas vecinales del distrito 17.
Éste último caso responde a la agresión de vecinos contra periodistas. El 16 de agosto, cuatro periodistas de Imperial Tv, del programa Contra Cara, de Sitel y del canal 9 Universitario de Potosí fueron retenidos al interior de la Alcaldía, donde fueron amenazados de muerte, según denuncia del presidente de la Asociación de Periodistas de Potosí, Manuel Soux.
Sobre los casos de estigmatización a periodistas, resaltan dos recientes que involucran al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien acusó a los medios de comunicación de “lapidar mediáticamente” al expresidente Evo Morales. “Hoy están mutando al gansterismo mediático. Los medios se han convertido en unas verdaderas cloacas políticas que todos los días destilan mentiras, infamia, odio. Nos quieren hacer enfrentar. Nos quieren tomar el pelo todos los días. Se han convertido, de verdad, en armas potentes que disparan dosis de odio, de rencor, de ira, porque nos ven invencibles, nos ven fuertes y nos ven cada día con más capacidad”, declaró el 11 de agosto pasado. Otro caso tiene que ver con el diputado supraestatal del MAS, Adolfo Mendoza, quien tildó a los medios de comunicación de “mercenarios mediáticos” porque presuntamente se prestan para mentir (15/08/22).
Con relación a los impedimentos de acceso a la información de periodistas resalta el caso de la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional, que denunció que la Alcaldía de Macha en Potosí, solicitó el pago de 100 dólares a los periodistas que estaban interesados en cubrir el Tinku, para “asegurar su seguridad durante la cobertura” (02/05/2022); otro hecho en el departamento de Potosí se dio cuando el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Marcial Ayali, atacó verbalmente al periodista de radio Fides, Juan Orellana, mientras éste intentaba entrevistarlo sobre el caso de la compra de las 41 ambulancias. “Ustedes siempre dañan la imagen de las personas en mi forma de pensar”, le indicó la autoridad, para posteriormente negarse a ser entrevistado sobre este tema (07/04/2022).
En los hechos de amenaza a periodistas sobresale uno ocurrido recientemente en Santa Cruz por el caso Las Londras. Nicolás Ramírez, uno de los autores del secuestro de periodistas en octubre de 2021, en conferencia de prensa junto a un grupo de la Federación Especial de Comunidades Interculturales, Productores Agrarios San Julián Norte demandó el retiro del libro “Periodismo vs Terramafia” del periodista Roberto Méndez y lo amenazó con un proceso, además lanzó otras amenazas hacia policías, jueces y fiscales (01/08/22). Este caso denota, además, un acto de abierta censura de parte de esta organización en contra de Méndez.
En lo referido a la criminalización de periodistas. En la ciudad de Trinidad, el periodista Andrés Ignacio Titiboco denunció que enfrenta cinco procesos judiciales por difamación, injuria y calumnia, dos presentadas por el Senasag, una por el vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, Roberto Ismael Nacif Suaréz; otra por el alcalde de Trinidad, Christian Cámara, y la última por la concejal del Movimiento Tercer Sistema, Aleida Barbosa (10/08/2022).
Otro suceso de criminalización lo enfrentan los periodistas Andrés R. y Adriana G.El fiscal Eddy Junior ordenó la detención de ambos por presunto daño económico al Estado cuando fungían como gerente y jefa de informaciones de Bolivia Tv durante el Gobierno de Jeanine Áñez (12/08/2022).
Entre los casos de ataque a los medios de comunicación, se registró uno en contra de la radio Juan XXIII de San Ignacio de Velasco en Santa Cruz. Un poblador prendió fuego a sus instalaciones, porque le negaron un anuncio que pretendía difundir por la radioemisora (04/04/2022).
En julio pasado, además, se registró un caso de violación a la reserva de fuentes de información. El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca, Wilder Díaz, denunció que algunos colegas suyos fueron citados por la Fiscalía para declarar por la quema del Tribunal Electoral Departamental (TED) durante la crisis de 2019, entre ellos estaba la periodista Yolanda Barrientos (27/07/2022).
Sobre el caso de asignación discriminatoria de publicidad oficial, se trata del diario Los Tiempos de Cochabamba, que denunció una campaña de asfixia por parte de gobierno, hecho que provocó preocupación a la Sociedad Interamericana de Prensa (10/08/2022).
//FUENTE: UNITAS//
