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La diputada nacional María René Álvarez se sumó a las denuncias sobre nuevos avasallamientos en el Área Protegida Municipal de Bajo Paraguá, de grupos de colonizadores que pretenden asentarse en la zona, para así hacerse registrar como poblaciones originarias en el Censo Nacional de Población y Vivienda de este mes de marzo.
“Tomamos conocimiento de recientes denuncias por parte del Comité Cívico de la provincia Velasco, sobre el ingreso de al menos 500 personas que pretenden asentarse y luego ser censadas en la zona, con lo que argumentarían tener algún derecho de posesión territorial, cuando sabemos que las únicas comunidades ancestrales reconocidas son las de Porvenir, Florida, Picaflor, Piso Firme y Bella Vista”, expresó la diputada cruceña.
Asimismo, la legisladora cruceña recordó que existe una Acción de Cumplimiento, concedida el pasado 20 de octubre por la Sala Constitucional Tercera del Departamento de Santa Cruz, que ordenó al alcalde de San Ignacio de Velasco, Ruddy Dorado, a tomar todas las acciones para la preservación de esa reserva natural y evitar nuevos asentamientos humanos.
“Hoy advertimos a las autoridades gubernamentales, departamentales, municipales y a la Sala Constitucional Tercera que el alcalde Ruddy Dorado no cumple la orden que emitió esa instancia judicial para que, en el marco de sus competencias, se evite asentamientos y afectaciones en el Bajo Paraguá”, reclamó.
La disposición emitida por la referida instancia no es acatada por el alcalde y esto conllevaría a figuras penales en su contra como la desobediencia a la Constitución o el incumplimiento de deberes, añadió el abogado Juan Carlos Camacho.
“Hasta la fecha se viene ocupando más territorio, se viene avasallando y no tenemos respuesta de las autoridades, además que estos grupos buscan asentarse en el lugar para ser convalidadas como comunidades en el censo de 2024”, agregó el abogado.
La tutela concedida el pasado 20 de octubre fue expresa hacia el deber del alcalde Dorado.
“Se ordena al alcalde de San Ignacio de Velasco que tome las acciones positivas encaminadas a proteger el medio ambiente en la reserva forestal Bajo Paraguá, que tome las acciones necesarias para evitar asentamientos en el lugar, así como también pudiera ejercer las acciones legales frente a cualquier acto de avasallamiento o adherirse a la denuncia que ya tiene instaurada el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz”, citó la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz.
“No vamos a dejar que se consoliden los avasallamientos, la toma de tierras y la deforestación en nuestro Bajo Paraguá. Es nuestro deber preservar y resguardar esta área protegida de los cruceños”, concluyó la diputada.
//FUENTE: PRENSA DIPUTADOS//
