–
CARLOS LEDEZMA
Cuentan las crónicas del 30 de mayo de 2018, que en medio de los incidentes que se desarrollaron en diferentes ciudades de Nicaragua, durante las protestas desatadas en el marco de la conmemoración por el Día de la Madre, seis manifestantes morían por impacto de disparo de arma de fuego. En Managua, la marcha convocada bajo el lema “Nicaragua se une para exigir justicia”, concentró una masiva participación ciudadana que propició un clima de tensión hasta en las más altas esferas gubernamentales.
De acuerdo al Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Nicaragua, aquel día, de las seis víctimas mortales, tres fueron asesinados durante un ataque ejecutado de manera directa por efectivos policiales que actuaron en coordinación con grupos civiles, mientras que los otros tres, murieron en acciones de violencia propiciados por grupos de civiles que obraron con un elevado índice de maldad a vista y paciencia de las fuerzas del orden. Seis muertos y casi un centenar de hombres y mujeres heridos fue el saldo tan sólo en aquella jornada.
Desde el año 2007, el pueblo nicaragüense fue testigo de cómo se había llevado a cabo un deliberado proceso de desinstitucionalización y pérdida de valores democráticos, para dar paso a la mayor concentración de poder en manos de una sola familia en doscientos años de vida independiente. Si revisamos la historia, vemos que han existido dinastías legítimas y otras que se imponen en base a la fuerza y el terror de las armas.
El fundador de una de las dinastías que gobernó Nicaragua sin rendirle cuentas a nadie, fue Anastasio Somoza García, quien gobernó a vista y placer durante cuarenta y dos años, intercalando el poder con dos de sus descendientes. “Tacho”, como lo recuerdan los libros, era militar, tal como parece rezar la tradición de los países hispanoamericanos de la época. A “Tacho” lo sucedió en el poder su hijo mayor Luis Somoza Debayle, para posteriormente dejar el gobierno en manos de Anastasio Somoza Debayle o “Tachito”, quién finalmente sería el encargado de cerrar aquella línea dinástica.
Hablar de Nicaragua en aquellos tiempos, significaba hablar acerca del país de “los Somoza”, puesto que ellos conjuntamente a una extensa red de familiares y allegados, gobernaban y controlaban las principales actividades económicas del país centroamericano.
El 17 de julio de 1970, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) cobraba protagonismo al alzarse en armas contra de la dictadura somocista y deponer al entonces presidente Anastasio Somoza (hijo), que terminaría por asilarse en Paraguay donde sería asesinado un año más tarde. El poder quedó entonces en manos de un joven Daniel Ortega Saavedra, guerrillero, líder sandinista que tenía entre sus principales logros haber depuesto a los dictadores de su país.
Daniel Ortega Saavedra, había dado la oportunidad para que los nicaragüenses eligieran a su próximo gobernante de forma democrática, pensando, que el pueblo le otorgaría su confianza votando por él. Nada de eso ocurrió y el líder sandinista caía derrotado en las urnas. Habrían de pasar cerca de tres décadas, para que Daniel Ortega busque el ascenso a la presidencia de Nicaragua. Probablemente en todo ese tiempo, el paroxismo de la ambición desmesurada y del poder sin límites se fue apoderando de él.
En 2007, gracias a su paciencia o quizá, debido a una influencia marcada por los grupos políticos de izquierda en la región, Daniel Ortega Saavedra llegaba al poder y esta vez, no estaba dispuesto a soltarlo. Tal como había aprendido de la historia de Nicaragua y de todo aquello contra lo que combatió durante su juventud, resultó siendo un calco casi perfecto de dinastía moderna. Redes familiares para los negocios y empresas, represión contra los disidentes, cercenamiento de derechos y libertades, son algunas muestras de su gobierno, además de contar entre sus filas con grupos de políticos a sueldo, militares y prensa oficialista, al mejor estilo de las dictaduras del siglo XXI.
El informe del GIEI-Nicaragua, acerca de los hechos de violencia que ocurrieron en aquel país entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, es demoledor, sosteniendo que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad. El informe toma en cuenta una detallada investigación de los crímenes de derecho internacional y las violaciones a los derechos humanos llevados a cabo por los agentes estatales, que haciendo uso de las instituciones públicas y grupos parapoliciales, han creado grupos represores que asesinan y persiguen a los opositores de sus políticas.
Es fundamental para los nicaragüenses que los hechos suscitados durante la “Rebelión de Abril” no caigan en la impunidad, que no se falsee la información tratando de imponer una narrativa oficial que refleja lo contrario a cuanto aconteció, haciendo que las víctimas sean tratados como victimarios, buscando garantizar y proteger la vida de todo aquel que decidió rebelarse cívica y pacíficamente ante los frecuentes atropellos del poder.
