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El Oficial de programa de la Fundación para el Debido Proceso, Ramiro Orias, dijo que la “institucionalización” de los 489 profesionales que se encuentran en cargos transitorios en el Órgano Judicial, es solo para que la “mediocridad” se convierta en carrera, cuestionó que el Consejo de la Magistratura no impulse una convocatoria abierta como está previsto en la Ley del Órgano Judicial.
“En el Órgano Judicial bajo este procedimiento en el fondo se está allanando el camino para que esta mediocridad hoy se convierta de carrera, aunque una vez que ingresen al sistema de la carrera judicial pues van a estar amparados por todas las garantías, para los operadores de justicia entre ellos la inamovilidad, por lo tanto, sanear el poder judicial va a ser más difícil”, sostuvo el abogado en una entrevista con la ANF transmitida a través de su Facebook.
El 26 de agosto, el ministro de Justicia, Iván Lima, y el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, informaron que la transitoriedad en el Órgano Judicial en Bolivia terminará con la institucionalización de 489 cargos de jueces. Adelantaron que en los próximos días se emitirá la “convocatoria interna”.
De acuerdo a la convocatoria el proceso tendrá tres etapas: evaluación de méritos, examen de competencia y entrevista final. “Será una convocatoria transparente”, reiteró Molina. Orias indicó dijo que hasta el momento no se conoce los criterios de evaluación, es decir cuál será el puntaje de aprobación y el nivel de exigencia de la evaluación.
“Deja la duda, una judicatura tan cuestionada que ha motivado toda una agenda de debate nacional, sobre la necesidad de trasformar la justicia de cualificar los recursos humanos en el poder Órgano Judicial”, enfatizó.
Asimismo, indicó que la Ley 025 del Órgano Judicial en el artículo 214 señala que la convocatoria para la elección de autoridades judiciales debería ser abierta y no limitarse a los que ya se encuentran en los cargos, porque así está previsto en la norma.
Dicho artículo en el numeral 1 dice: “El Consejo de la Magistratura emitirá en los medios escritos de circulación nacional y/o departamental, según corresponda, convocatoria pública abierta, para que los profesionales abogados que cumplan los requisitos exigidos por ley, se postulen o sean postulados al cargo de jueza o juez y servidoras o servidores de apoyo judicial”,
“La Ley 025 del Órgano Judicial establece que el sistema de Carrera Judicial permite el acceso de los profesionales abogados que demuestren idoneidad profesional, mediante concurso de méritos y examen de competencia. Al efecto, el Consejo de la Magistratura debería emitir una convocatoria pública abierta, para que los profesionales abogados que cumplan los requisitos exigidos por ley, se postulen al cargo de jueza o juez”, señala el artículo 214.
El especialista explicó que si la convocatoria no es abierta tendrían que modificar la ley, pero la misma debería pasar por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Además, criticó que la ruta que ha seguido el Gobierno en relación a la reforma judicial es errática, desde la elección de los notables y la convocatoria a la cumbre que en los hechos no se ha realizado.
“Creemos que el país vive más de 30 años de reforma, parece que hemos hecho de todo, pero nada ha funcionado. Hemos hecho reformas constitucionales, hemos creado el Tribunal Constitucional, el Consejo (de la Magistratura), hemos hechos reformas procesales, penales, civiles, justicia indígena, una serie de medidas que implica la modificación, pero según los índices (de medición) cada vez está peor. Lo que ocurre no se está enfrentando con decisión la agenda con independencia e integridad y esta medida precaria que lo único que hace es preservar el estatus quo”, indicó.
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, explicó que la institucionalización de cargos judiciales responde a las recomendaciones establecidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y por el relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, para la transformación de la justicia.
Pero Orias cuestionó que la autoridad política asuma un rol en el proceso de reforma y de institucionalización cuando esta tarea le corresponde específicamente al Consejo de la Magistratura y al Órgano Judicial. Lamentó que se haya “institucionalizado el sometimiento de la Justicia”.
Es más dijo que pese a que no le compete asume la facultad de “desahuciar” la propuesta que impulsa el grupo de Juristas independientes, cuando es el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional Plurinacional las entidades que deben viabilizar la iniciativa ciudadana para la reforma de la justicia.
//FUENTE: ANF//
