.
La dirigencia de la Junta Nacional de Padres de Familia presentó una denuncia penal en contra del ministro de Educación, Edgar Pary, y una funcionaria de esa cartera de Estado, por el presunto uso de una empresa consultora que pretendía favorecerse con contratos estatales.
Dicha firma, según un documento notarial, fue constituida en noviembre de 2022, cuando la autoridad ya estaba en ejercicio y tiene como accionistas al ministro y cuatro de sus hijos.
“Hemos evidenciado que hay un presunto acto de corrupción, con tráfico de influencias por parte del ministro”, afirmó la presidenta de la directiva de la Junta Nacional de Padres de Familia, Ana Laura Montaño, en contacto con Periodismo Sin Photoshop.
La dirigente explicó que la denuncia se presentó luego de analizar varios documentos y en consenso con los representantes departamentales del sector, excepto Tarija, en su calidad de control social, pues al tener conocimiento del cualquier hecho de corrupción deben “hacer conocer al Gobierno para que tome la acciones que corresponde”.
Reunión y acto
Este medio buscó la contraparte del ministro Pary, quien luego de leer los mensajes con el tema de consulta, el martes por la noche, no atendió las llamadas, según explicó, porque estaba en una reunión. De la misma forma, hoy, volvió a escribir que se encontraba ocupado en los actos de aniversario del Gobierno de Luis Arce.
Pary ocupa el cargo desde 19 de noviembre de 2021, luego de que su antecesor, Adrián Quelca renunció a ese despacho por el “caso Chanchullos”, en relación al tráfico de las respuestas de los exámenes para evaluar a los aspirantes a directores de institutos superiores y designaciones ilegales. En dicho caso estuvieron involucrados el exdirector de Educación Superior, Agustín Tarifa; el exdirector de Formación de Maestros, Yver Colque; el exjefe de Gabinete, Ernesto Misme; el exdirector Jurídico, Samuel Coaquira; y el exjefe de Transparencia, Luis Nina.
Denuncia penal
“Señor fiscal, por todo lo antes mencionado y al estar presente ante la comisión de un hecho delictivo, de orden público, que ha afectado la gestión del nuestro hermano presidente Luis Arce, así como vulnerar normas de ética y transparencia, constituyéndose dichas conductas en presuntos hechos de corrupción (…) interponemos denuncia formal en contra de Edgar Pary (…) así como de Cinthya Colmena (…) por la comisión de los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles y sociedades o asociaciones ficticias o simuladas”, señala el petitorio de la denuncia a la que accedió el medio.
De acuerdo con el detalle del documento, Colmena, además de ser funcionaria del ministerio de Educación, es señalada como presunta apoderada de Pary, quien, por redes sociales, entre los días 5 y 6 de noviembre, publicó anuncios con el fin de captar “inversionistas para unas supuestas adjudicaciones estatales”. En estas publicaciones, además de dar números de celular, se menciona como referencia a la firma “Centro Multidisciplinario de Formación Investigación y Servicios Generales (Cemfi SRL)”.
Montaño relató que se comunicó con Colmena a los números que figuraban en los anuncios, y ésta le manifestó que “las inversiones eran seguras ya que tenía contactos con el Ministro de Educación y que necesitaban ese capital”. De esta forma, la dirigencia de los padres de familia comenzó a indagar y verificó que dicha empresa contaba con un número de NIT y estaba registrada en el Servicio Plurinacional de Registro y Comercio (Seprec), acreditada por la “Escritura Pública de Constitución Nº 0011/2022”, del 4 de noviembre de 2022, un año después de la posesión de Pary en el cargo.
“Pero lo más lamentable de todo es que dicha empresa sería de propiedad del ministro de Educación, Edgar Pary, en sociedad con (cuatro de) sus hijos, empresa dedicada paradójicamente a la prestación de servicios de consultoría en educación, capacitación, asesoramiento, investigación, formación en los subsistemas de educación regular, educación alternativa y educación superior de formación profesional, entre otros, es decir el mismo rubro”, detalla la denuncia.
Montaño, afirmó que, en un nuevo contacto con Colmena, ella les aseguró que las “inversiones” estarían destinadas a lograr la adjudicación de contratos en diferentes instituciones del Estado. “Esta persona nos indicó que, como garantía, ella y su socio (Pary) tenían un instituto de educación superior en el departamento de Tarija”, reveló.
La dirigente de los padres de familia mencionó que luego verificaron que Colmena sería apoderada legal de Pary, pese a ser funcionaria en el Programa de Post Alfabetización del Ministerio de Educación. Además, se menciona que las oficinas centrales de Cemfi SRL, estarían registradas en el domicilio del ministro, en la ciudad de Potosí, pero que tiene una sucursal, en un edificio vecino al Ministerio de Educación en La Paz.
En ese contexto, la denunciante solicitó a la Fiscalía una serie de requerimientos para verificar cuántos contratos fueron adjudicados a Cemfi SRL. desde el Ministerio de Educación, el número de empresas que están a nombre de Pary, sus hijos y la apoderada, además de información complementaria al Servicio de Impuestos.
//FUENTE: PERIODISMO SIN PHOTOSHOP//
