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Los padres de familia de los estudiantes de Potosí, denunciaron ante la Fiscalía de La paz, que el ministro de Educación, Edgar Pary, abrogó una norma que suspendía, sin goce de haberes, a maestros y administrativos que contaban con procesos por violación, estupro y acoso sexual, entre otros delitos, cometidos contra estudiantes. La dirigencia afirma que esta determinación benefició a personal que cuenta con imputación o acusación para el inicio de juicio y los habilitó para postular a cargos y ascensos en el proceso de institucionalización.
“He presentado en la ciudad de La Paz, una denuncia contra el ministro de Educación, por resoluciones contrarias a la ley, porque este señor ha abrogado el reglamento que establecía (el registro de antecedentes y) la suspensión de directores, maestros y personal administrativo que están imputados por violación, abuso sexual, estupro y acoso sexual, permitiendo que estos malos servidores regresen a las aulas, por medio del proceso de institucionalización”, aseguró el presidente de la Junta de Padres de Familia de Potosí, Juan Carlos Calle.
El dirigente sostiene que, luego de que se abrogó dicha norma, varios procesados que cuentan con sentencias administrativas o pliego acusatorio, para el inicio de un juicio oral en la justicia ordinaria, figuran en las listas de postulantes a la institucionalización que se realiza a nivel nacional. En su denuncia adjuntó, como ejemplo, el nombre completo y número de cédula de identidad de siete maestros imputados, uno denunciado y otro con sentencia.
No hay respuesta
Calle explicó que el 19 de mayo de este año, Pary firmó una Resolución Ministerial (RS) Nº 0808/2023 que dejó sin efecto otra anterior, por medio de la cual se reglamentaba el registro de los antecedentes penales y administrativos de maestros procesados por violencia sexual, presuntamente cometidos contra estudiantes. Figurar en dicha lista provocaba la suspensión de los docentes y personal educativo involucrado en dichos casos, mientras duraba la investigación, además que los inhabilitaba a postular a cargos jerárquicos.
Periodismo Sin Photoshop solicitó la versión del ministro Pary o del responsable del área jurídica, para conocer los fundamentos por los cuales se dejó sin efecto la norma que prevenía que agresores sexuales continúen incurriendo en ese tipo de hechos entre los estudiantes. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación sólo se mencionó que el ministro estaba de viaje y no hubo otra respuesta.
La denuncia presentada por el presidente de la Junta de Padres de Familia de Potosí, Juan Carlos Calle, contra Edgar Pary.
La resolución 0148/2014 (modificada en 2018 por la número 1239) que dio lugar a la redacción del “Reglamento de recuperación de percepción indebida, de registro y retiro de rótulo observado en el Registro Docente Administrativo (RDA)” de maestros que fueron imputados por delitos de agresión sexual contra estudiantes, fue elaborada con base en los decretos supremos (DS) números 1302 y 1320, promulgados con el fin de fortalecer la lucha contra la violencia hacia los niños y adolescentes, en el marco de las leyes 548, del Código de la niñez y la adolescencia y Abelino Siñani.
“El artículo 3.- (Medidas de seguridad y protección). I. El director, docente o administrativo que fuera imputado formalmente por la comisión de delitos de agresión y violencia sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes estudiantes, será suspendido de sus funciones sin goce de haberes, mientras dure el proceso penal correspondiente, como medida de seguridad y protección del menor”, señala parte del DS 1320.
En esa línea, el dirigente de la Junta de padres de familia de Potosí, solicitó el inicio de las investigaciones y adjuntó varios recortes de prensa de casos en los que maestros y directores de establecimientos educativos figuran como presuntos autores de acoso sexual, estupro o violaciones.
“Quiero ser claro, esta denuncia no es un ataque a las federaciones de maestros urbana ni rural, está dirigida a impedir que malos elementos comentan estos delitos contra nuestros estudiantes. Señor ministro Pary, le pido que dé un paso al costado y deje de dar oportunidad a este tipo de personas (procesados), le pido seriedad, que no se victimice y responda a la denuncia”, concluyó Calle, a tiempo de remarcar que el ministro pretende dividir a su sector y busca respaldo en grupos de padres de familia afines al Gobierno de Luis Arce.
Esta es una tercera denuncia grave que se presenta contra el ministro, anteriormente fue sindicado por plagio, en relación a las imágenes que se usaron para textos escolares, que fueron extraídos de caricaturas de otros países. De la misma forma, en noviembre, la Junta Nacional de Padres de Familia, presentó una querella en contra de Pary, por supuesta legitimación de ganancias ilícitas, que se cometió, según los dirigentes, porque una de las empresas que el ministro conformó junto a sus hijos, supuestamente, se favoreció con contratos estatales.
//FUENTE: PERIODISMO SIN PHOTOSHOP//
